El PP plantan a Bolaños en la Conferencia de Justicia en Barcelona

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han plantado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Conferencia Sectorial en Barcelona. La cita llegó un día después de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supone grandes cambios.

Madrid, Galicia, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Valencia y Aragón decidieron no participar en el encuentro al considerarlo "un paripé". El consejero madrileño Miguel Ángel García Martín denunció la ausencia de temas esenciales para la aplicación de la nueva norma judicial.

"Hemos acudido a la conferencia, pero nos hemos encontrado con que lo que querían hacer era un paripé", criticó el portavoz del gobierno madrileño. Desde las CCAA del PP reclamaban que se abordaran cuestiones fundamentales, como la financiación, que supondrá un alto coste para las autonomías.

Solo la Comunidad de Madrid estima que la aplicación de la ley supondrá un gasto adicional de 40 millones de euros, sin garantías de compensación. García Martín acusó al Ministerio de Justicia de negarse a debatir estos temas para evitar reconocer el "colapso" que puede generar la norma.

"El ministro solo quería la foto para dar sensación de que están trabajando, pero se ha negado a tratar los temas clave", lamentó el consejero. Las autonomías del PP han solicitado la convocatoria urgente de una nueva Conferencia Sectorial para tratar los puntos esenciales de la ley.

"Si quiere, que la convoque mañana mismo. Pero no se puede aplicar una ley sin reglamentos, sin modelos ni desarrollo", insistieron los consejeros. El responsable madrileño de Justicia también denunció el trato recibido por Bolaños, quien presuntamente le llamó "macarra" durante la reunión.

Según García Martín, el ministro también insinuó que su asistencia solo era "para los canapés", lo que elevó la tensión en la conferencia. La nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce dos grandes cambios que afectarán a la organización judicial del país.

Por un lado, elimina 3.800 juzgados unipersonales y los sustituye por 641 tribunales de instancia para centralizar la administración de justicia. Desde el Ministerio aseguran que el cambio busca favorecer la especialización, la unificación de criterios y la optimización de recursos judiciales.

Sin embargo, desde el PP denuncian que esta reestructuración traerá el cierre de juzgados en municipios pequeños, reduciendo el acceso a la justicia. Además, la norma introduce nuevas medidas para fomentar la resolución de conflictos fuera de los tribunales y reducir la carga judicial.

Se impulsa el uso de los llamados MASC (Medios Alternativos de Solución de Controversias) como la mediación y el arbitraje en casos civiles. La idea del Gobierno es reducir la sobrecarga en los juzgados y tribunales, pero desde la oposición lo ven como una "privatización encubierta".

Las CCAA del PP critican que la ley se haya aprobado sin consensuar con las autonomías, que son las responsables de la gestión judicial. Denuncian que la norma impone nuevas obligaciones sin garantizar los recursos suficientes para ponerlas en marcha sin afectar a la calidad.