La posible estocada judicial para Zapatero tras el movimiento de Hacienda en la Audiencia Nacional
porRafael Alejandro Escalona
politica
La decisión llega después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señalara en un auto que los hechos investigados podrían encajar en presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando
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La Agencia Tributaria ha decidido dar un paso al frente en la investigación que rodea al denominado caso Plus Ultra. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha iniciado los trámites para personarse en la pieza separada que analiza las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La decisión llega después de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señalara en un auto que los hechos investigados podrían encajar en presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Una valoración que ha llevado a la Agencia Tributaria a intervenir de forma directa en el procedimiento judicial.
Fuentes del Gobierno han confirmado este jueves que el organismo tributario ultima la documentación necesaria para formalizar su personación. El trámite se realizará a través de la Abogacía del Estado, que será la encargada de representar los intereses de la Administración durante el desarrollo de la causa.
La actuación de Hacienda supone un nuevo movimiento dentro de una investigación que continúa avanzando en la Audiencia Nacional. El magistrado considera que existen indicios suficientes para analizar si se ha producido un perjuicio económico que afecte directamente a los recursos públicos.
En su resolución, el juez sostiene que la naturaleza de los hechos investigados podría implicar responsabilidades penales relacionadas con la gestión tributaria y con la posible entrada irregular de bienes en territorio nacional. Ambas figuras delictivas forman parte de la investigación abierta en esta pieza separada.
José Luis Rodríguez Zapatero figura como investigado en este procedimiento concreto, que gira en torno a las joyas localizadas en un despacho vinculado al expresidente. La investigación pretende determinar el origen de esos objetos, su valor económico y si fueron correctamente declarados ante las autoridades competentes.
El auto judicial pone el foco en un posible perjuicio patrimonial conectado con ingresos cuya gestión corresponde al Estado. Precisamente por esa razón, el magistrado entiende que la Agencia Tributaria tiene un interés directo en el procedimiento y puede ejercer acciones para defender los intereses públicos.
La incorporación de Hacienda al proceso permitirá que el organismo participe en las diligencias que se practiquen a partir de ahora. Además, podrá solicitar pruebas, formular alegaciones y supervisar aquellos aspectos relacionados con un eventual fraude fiscal o con posibles irregularidades tributarias.
La investigación sigue desarrollándose bajo la dirección del juez Calama, que continúa recopilando información para esclarecer el recorrido de las joyas y determinar si existe alguna responsabilidad penal derivada de su adquisición, posesión o eventual introducción en España.
La personación de la Agencia Tributaria añade una nueva dimensión a una causa que ya había despertado un notable interés político y judicial. La presencia del organismo fiscal refuerza la relevancia de la vertiente económica del procedimiento y evidencia que la investigación podría ir más allá del origen de las piezas intervenidas.
Por el momento, las actuaciones continúan bajo secreto en aquellos extremos que el magistrado considera necesarios para garantizar el desarrollo de la investigación. Será el avance de las diligencias el que determine si finalmente los indicios apreciados por el juez derivan en la apertura de nuevas actuaciones o en la formulación de acusaciones concretas.
