La investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ha provocado una inmediata reacción de las asociaciones profesionales del cuerpo, que reclaman su salida de los respectivos cargos.
Tanto la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) como Jucil consideran que la continuidad de ambos al frente de la institución es incompatible con las responsabilidades que desempeñan mientras permanecen bajo investigación judicial. A su juicio, esta situación perjudica la credibilidad de la Guardia Civil y mina la confianza tanto de los propios agentes como de la ciudadanía.
En el caso de la AUGC, la organización pone el acento en las supuestas reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, así como en las presuntas instrucciones dirigidas a efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) para que evitaran adoptar una actitud activa en determinadas investigaciones. La asociación sostiene que estos hechos, unidos a la decisión del magistrado, revisten una especial gravedad.
La asociación sostiene que estos hechos, unidos a la decisión del magistrado, revisten una especial gravedad
Además, recuerda que cualquier guardia civil investigado por actuaciones relacionadas con el servicio suele afrontar consecuencias inmediatas en su carrera profesional, por lo que considera inadmisible que los máximos responsables del Instituto Armado reciban un trato diferente. «No puede haber un doble rasero», subraya la organización.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado públicamente su respaldo tanto a la directora general como al DAO, pese a la resolución judicial. Un apoyo que las asociaciones rechazan al entender que la permanencia de ambos en sus puestos daña la imagen de la institución.
Marlaska ha reiterado públicamente su respaldo tanto a la directora general como al DAO
Jucil, por su parte, amplía su petición de responsabilidades y reclama también la dimisión del propio ministro del Interior. La asociación sostiene que quienes están llamados a dirigir la lucha contra la delincuencia no deberían ejercer esas funciones mientras son objeto de una investigación judicial.
Asimismo, reivindica el trabajo desarrollado por la UCO y por los agentes que prestan servicio diariamente, al tiempo que lamenta que la actuación de los máximos responsables políticos esté proyectando, a su juicio, una imagen de descrédito sobre la Guardia Civil. En este contexto, concluye que la situación representa «la gota que colma un vaso ya desbordado por la sombra de la sospecha».
