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Mujer de cabello oscuro recogido mirando hacia un lado con expresión seria sobre un fondo difuminado
POLÍTICA

La polémica propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia que enciende las alarmas

El Ministerio pretende llevar la iniciativa al Consejo de Ministros antes de noviembre y acelerar su tramitación institucional

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido una reforma que afectaría a todo el sistema judicial español. Su planteamiento consiste en adaptar los procesos a lo que denomina “perspectiva de infancia” con participación directa de menores. Ha calificado la propuesta como urgente e imprescindible, señalando que debe aplicarse en lo judicial y en lo administrativo.

El anuncio llega tras presentar una modificación de la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia, conocida como LOPIVI.

El Ministerio pretende llevar la iniciativa al Consejo de Ministros antes de noviembre y acelerar su tramitación institucional. Rego ha adelantado que presentará un informe sobre la violencia contra menores, calificando los datos como preocupantes. Ha reclamado un acuerdo de país al considerar este asunto una cuestión de Estado que no debe quedar en el ámbito privado.

Tres personas sentadas en una mesa de conferencia con botellas de agua, copas y dispositivos electrónicos, al fondo hay banderas de España y la Unión Europea y una pantalla grande en la pared.

La ministra ha descrito la ley vigente como pionera, pero insiste en ampliarla para que sea más garantista y transformadora.  Su objetivo es que los niños tengan derecho a ser escuchados y dispongan de defensa letrada en todos los procedimientos.

Ha llegado a plantear que incluso menores de cuatro años puedan intervenir mediante técnicas y especialistas específicos.

Como ejemplo, citó a un juez de menores en Canarias, modelos Barnahus y cámaras Gesell para entrevistas judiciales. Defendió que existen medios para escuchar a los niños sin revictimizar y con acompañamiento profesional continuado. La propuesta incluye formación para jueces, fiscales y personal implicado, ampliando competencias en todo el sistema.

Rego sostiene que el Gobierno trabaja coordinadamente para abordar esta reforma desde varios ministerios implicados.

Desde Justicia se está valorando el impacto de adaptar estructuras a un modelo diseñado desde esta nueva óptica.

Dos personas vestidas de manera formal conversan de cerca en un evento con más asistentes al fondo

El proyecto implica cambios legales, recursos humanos, inversión y una reorganización del funcionamiento judicial. Sectores jurídicos han mostrado dudas sobre cómo garantizar seguridad jurídica y viabilidad en procedimientos reales. La participación de menores en decisiones sensibles genera interrogantes sobre edad, madurez y responsabilidad legal.

También se plantea si esta reforma afectaría a causas familiares, penales, administrativas y al sistema de tutela.

La ministra insiste en que es una reforma necesaria y asegura tener respaldo interno para impulsarla cuanto antes. El plan incluye un enfoque transversal que afecta a Educación, Justicia, Servicios Sociales y administraciones locales. Se prevé desarrollar protocolos nuevos, adaptar personal y crear unidades especializadas en todo el territorio.

Algunos colectivos alertan de que estas modificaciones pueden dificultar la protección de padres y tutores legales. Otras voces cuestionan si los recursos actuales permiten ejecutar una reforma de tal alcance sin efectos secundarios. Mientras tanto, el Ministerio insiste en que la prioridad es escuchar a los menores y reforzar su protagonismo institucional.

El debate se traslada ahora al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Parlamento para su tramitación legislativa.

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