La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reconstruido una operación inmobiliaria que sitúa a Servinabar pagando la reserva de una vivienda de lujo destinada, según los investigadores, a Santos Cerdán y a su esposa, Francisca Muñoz. El movimiento se produjo apenas unas semanas después de que el dirigente navarro sustituyera a José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE. Abandonó el cargo el 12 de julio de 2021 y Cerdán asumió la responsabilidad orgánica al día siguiente. El 6 de septiembre, el nuevo hombre fuerte de Ferraz y su mujer visitaron un piso situado en la calle Santa Cruz de Marcenado, en pleno centro de Madrid, cerca de la glorieta de Ruiz Jiménez y entre los barrios de Argüelles y Universidad. Salió inicialmente al mercado por 950.000 euros. A esa cifra se añadían las reformas que el matrimonio habría valorado acometer, estimadas en unos 350.000 euros. De haberse ejecutado todo el proyecto, el desembolso podría haber superado los 1,3 millones de euros. nabar transfirió los 9.000 euros de la reserva.
La negociación avanzó el 20 de septiembre. Cerdán acudió entonces a la inmobiliaria junto a Antxon Alonso, administrador de Servinabar, y ambos presentaron una oferta de 900.000 euros. Al día siguiente, una cuenta de la mercantil transfirió 9.000 euros a Servitec Instalaciones Inmuebles para reservar la vivienda. Sostiene que el dinero utilizado para señalizar la operación salió directamente de Servinabar. El informe denomina este episodio una “tentativa de compra de inmueble por Servinabar en favor de Santos” y lo incorpora al análisis sobre la disponibilidad que Cerdán habría tenido de los fondos de la sociedad. ersaciones continuaron durante las semanas siguientes. El 21 de octubre, la comercial remitió a Alonso un borrador del contrato de arras. En el documento figuraban tres vendedores y un único comprador: Servinabar 2000 SL, representada por el propio empresario. o final había ascendido a 985.000 euros. La fórmula de pago contemplaba los 9.000 euros ya entregados, otros 180.000 euros en concepto de arras penitenciales y los 796.000 restantes en el momento de elevar la compraventa a escritura pública.
