El plantón de la Asociación de Fiscales que saca los colores a García Ortiz

Álvaro García Ortiz sigue en la diana. Debido a las polémicas que acapara el fiscal general del Estado, que recordemos que se mantiene imputado por presunta revelación de secretos, la Asociación de Fiscales ha decidido. 

Según La Razón, no acudirá a la reunión convocada por García Ortiz con la que buscaba debatir la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La idea de no acudir nace, según un comunicado, al considerar que el texto ha sido elaborado "al margen de la carrera fiscal". Además, refuerza el poder del fiscal general "sin introducir verdaderos contrapesos internos".

Consideran que el texto ha sido redactado al margen de la carrera fiscal y que refuerza las competencias del Fiscal General del Estado sin incorporar auténticos mecanismos de control interno.

En el mismo comunicado explican que "no podemos compartir espacios de diálogo y encuentro". Esto, con una Fiscalía General del Estado dirigida por una persona que, sin perjuicio del respeto al derecho a la presunción de inocencia, está siendo investigada ante el Tribunal Supremo". Todo esto, según el texto, genera "un deterioro institucional que ya es insoportable".

La asociación sostiene que no puede actuar como un simple colaborador de la Fiscalía General del Estado. Participando en una negociación que, a la luz de las intenciones que se desprenden del propio texto, solo puede interpretarse como una puesta en escena destinada a legitimar dicha norma.

Así lo explica el texto de la asociación. En su misiva dirigida a García Ortiz, la Asociación de Fiscales también pone en duda la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Una duda para liderar una reforma procesal que atribuya a la Fiscalía la investigación de los delitos.

Han considerado que sus actuaciones han provocado "una crisis reputacional de la institución sin precedentes y una desconfianza en la ciudadanía de difícil reversión".

Piden procesarle

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo que procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La acusación popular les atribuye un posible delito de prevaricación administrativa.

El escrito, dirigido al magistrado Ángel Hurtado, pide que se dicte un auto de procedimiento abreviado. Según APIF, la fase de instrucción ya estaría finalizada. Aun así, la asociación reclama dos diligencias adicionales antes de cerrar el caso.

Una de ellas consiste en verificar si el teléfono de García Ortiz contiene en su agenda los contactos de Pilar Sánchez Acera, Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas. Para los denunciantes, esto es clave para entender la relación entre el fiscal general y quienes, supuestamente, podrían estar involucrados en una posible coartada.