El problema es que todo este nuevo esquema de incentivos tendrá un impacto directo en los costes del sistema eléctrico
El gran plan diseñado por Red Eléctrica para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y reducir el riesgo de apagones avanza mucho más lento de lo previsto. La situación ha obligado ya a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a plantear nuevos incentivos económicos para acelerar la incorporación de plantas renovables al sistema, una medida que acabará repercutiendo directamente en el bolsillo de consumidores e industria.
La idea de Red Eléctrica era sustituir progresivamente el papel que hasta ahora desempeñaban centrales tradicionales de gas, hidráulicas o nucleares en el control de la tensión de la red eléctrica por instalaciones renovables capaces de realizar esa misma función en tiempo real. Sin embargo, el despliegue técnico está encontrando muchas más dificultades de las esperadas.
Según los datos manejados por la CNMC, a finales de abril solo había 13,6 gigavatios habilitados para participar en este sistema de estabilización, una cifra todavía muy alejada de los cerca de 70 gigavatios que se consideran necesarios para poder retirar la llamada "Operación Reforzada", el mecanismo extraordinario que obliga a mantener centrales de gas funcionando para garantizar la seguridad del suministro.
Más costes para consumidores y empresas
Ante el retraso del plan, el regulador propone ahora aumentar los pagos que recibirán las plantas renovables por participar en el sistema de control de tensión. Actualmente el servicio se remunera a un euro por unidad, pero la CNMC plantea duplicar esa cantidad para intentar atraer a más instalaciones solares y eólicas.
Además, también se estudian compensaciones extra para cubrir costes tecnológicos, consumos eléctricos y adaptaciones técnicas necesarias para que estas plantas puedan integrarse plenamente en el sistema.
El problema es que todo este nuevo esquema de incentivos tendrá un impacto directo en los costes del sistema eléctrico. Según las estimaciones de la propia CNMC, el despliegue completo podría alcanzar unos 234 millones de euros anuales.
El atasco del plan aumenta la presión sobre la factura eléctrica
Mientras tanto, la denominada "Operación Reforzada" continúa disparando el malestar dentro del sector energético y entre grandes consumidores industriales debido a su elevado coste.
El sistema excepcional obliga a mantener más centrales tradicionales operativas para evitar riesgos en la red, incluso en momentos de alta producción renovable. Eso incrementa notablemente los costes de operación del sistema eléctrico.
Según cálculos del sector, los costes asociados al funcionamiento de la red alcanzaron 3.500 millones de euros en 2025 y ya rondan los 1.800 millones solo en los primeros meses de este año.
Las consecuencias empiezan a notarse ya en la factura eléctrica. Diversas estimaciones apuntan a sobrecostes de hasta el 15 % para los hogares, superiores al 20 % para pequeñas empresas y todavía más elevados para algunos grandes consumidores industriales.
El retraso del plan antiapagones vuelve además a poner bajo presión el modelo de transición energética impulsado en los últimos años, en medio del debate sobre la capacidad real del sistema para integrar masivamente energías renovables sin comprometer la estabilidad de la red.
