
Piden 4 años de prisión para el hermano de Ximo Puig por fraude en subvenciones
Según la Abogacía de la Generalitat Valenciana, se utilizaron empresas vinculadas o ficticias para inflar los gastos y recibir más fondos de los concedidos
La Abogacía de la Generalitat Valenciana se ha sumado a la Fiscalía y pide penas de cárcel para el hermano de Ximo Puig por fraude.
Francisco Javier Puig Ferrer, hermano del expresidente socialista, se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por varios delitos. El procedimiento penal investiga un presunto fraude continuado con subvenciones públicas para el fomento del valenciano en medios.
También está acusado Juan Enrique Adell Bover, socio de Francisco Puig, por su implicación directa en la trama investigada.
Según el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia, ambos habrían simulado gastos para lograr subvenciones. Entre 2015 y 2019, presentaron facturas falsas, duplicadas o con conceptos no subvencionables para justificar ayudas públicas.
Según la Abogacía, se utilizaron empresas vinculadas o ficticias para inflar los gastos y recibir más fondos de los concedidos.
Se les imputa la simulación de actividades con facturación entre sociedades relacionadas, en ocasiones sin actividad real.
También se detectó el uso de contenidos no emitidos en valenciano y material duplicado en los justificantes aportados.

Además, se habrían incluido pagos compensados, no permitidos por normativa, y gastos privados ajenos a la actividad subvencionada. Entre los gastos cuestionados aparecen vehículos particulares, merchandising promocional o incluso material de oficina no justificado.
La Abogacía imputa a Puig Ferrer por falsedad documental continuada y estafa agravada, como administrador de Masmut Produccions. A su socio Adell Bover se le acusa también de cooperación necesaria en los delitos atribuidos al hermano del expresidente.
La Generalitat exige una indemnización individual de 58.866,69 euros a Francisco Puig por los importes percibidos indebidamente. También solicita una indemnización conjunta de 74.710,75 euros a ambos implicados por el uso de facturas cruzadas entre empresas. La Fiscalía, por su parte, reclama que Francisco Puig indemnice a la Generalitat de Cataluña con otros 51.825 euros.
El total defraudado mediante las productoras supera los 110.000 euros, según el cálculo efectuado por el Ministerio Público.
Junto a las penas de cárcel, se pide la inhabilitación para el sufragio pasivo mientras dure la condena judicial.
El juez instructor ya procesó a los investigados en enero, y ahora se ha presentado el escrito formal de acusación fiscal.
Según la instrucción, los hechos ocurrieron mientras Puig y Adell dirigían Masmut Produccions, Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat.
Las subvenciones públicas se concedían para producir y difundir contenidos en valenciano en prensa, radio y televisión.
Ambos empresarios solicitaban ayudas y justificaban gastos mediante documentación que ahora se considera presuntamente fraudulenta.
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