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Una mujer sonriente con una camisa amarilla está sentada en un evento, con otras personas desenfocadas en el fondo.
POLÍTICA

La petición de la separatista Laura Borrás para no ingresar a prisión

Borrás podría ingresar en prisión en breve, a menos que el Gobierno conceda el indulto antes de la ejecución

Laura Borrás ha solicitado al TSJC la suspensión de su condena de cárcel mientras el Gobierno tramita la solicitud de su indulto oficial.

La expresidenta del Parlament fue sentenciada a cuatro años y medio por adjudicar contratos irregulares a un amigo cuando dirigía la ILC. El tribunal también la inhabilitó por trece años para ejercer cargos públicos, lo que le impide desempeñar funciones de gobierno o representación.

Su abogado, Gonzalo Boye, argumenta que la ejecución de la pena debe suspenderse hasta que el Ejecutivo decida si concede o no el indulto. Borrás siempre ha defendido su inocencia y sostiene que su condena responde a una persecución política contra el independentismo catalán.

El TSJC incluyó en su sentencia la petición de indulto y trasladó el expediente al Gobierno, que aún no se ha pronunciado al respecto. Desde Junts per Catalunya, su partido, han respaldado la solicitud y denuncian la judicialización del movimiento independentista catalán.

Una persona con cabello oscuro y ojos cerrados sonríe ligeramente mientras está frente a un micrófono.

El indulto permitiría reducir su pena o incluso anular la condena, evitando su ingreso en prisión y su posible desaparición de la política. La Fiscalía se ha opuesto a cualquier medida de gracia y considera que Borrás vulneró la integridad de la administración pública catalana.

Según la Fiscalía, fraccionó contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para favorecer a un amigo y eludir controles administrativos. El caso de Borrás ha sido una de las polémicas judiciales más mediáticas en Cataluña, generando división entre independentistas y constitucionalistas.

Mientras espera la decisión judicial, la líder de Junts sigue activa políticamente y mantiene su discurso de victimización ante los tribunales. Sectores independentistas consideran su condena desproporcionada y sostienen que solo buscaba agilizar la gestión de proyectos culturales.

Borrás insiste en que no hubo corrupción ni ánimo de lucro en su actuación, sino un intento de facilitar el funcionamiento institucional. El TSJC deberá resolver la solicitud de suspensión de pena en los próximos días y definir el futuro inmediato de la exdirigente catalana.

Si el tribunal rechaza su petición, Borrás podría ingresar en prisión en breve, a menos que el Gobierno conceda el indulto antes de la ejecución. Junts ha advertido que si la condena se ejecuta, significará un nuevo ataque del Estado contra los dirigentes independentistas catalanes.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en sus manos la posibilidad de conceder el indulto, pero la decisión podría generar un fuerte debate político. Mientras tanto, Borrás sigue apelando a la presión política y social para evitar la cárcel y continuar con su carrera política en Cataluña.

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