Lo que debería haber sido un análisis técnico e imparcial sobre los fallos institucionales en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre se ha convertido en una maniobra de evidente carga política. Dos peritos, presentados como expertos en emergencias por la Asociación SOS Desaparecidos, han elaborado un informe que señala de forma contundente —y sorprendentemente selectiva— al actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, como principal responsable de las omisiones durante la catástrofe. Lo preocupante es que ambos peritos tienen una trayectoria política que compromete su objetividad.
José María Gil Garré fue candidato del PSOE en Los Alcázares (Murcia), mientras que Alberto Aguilar Zarco no solo fue concejal de Ciudadanos en Molina de Segura, sino que se convirtió en tránsfuga para facilitar la alcaldía al Partido Socialista. ¿Estamos ante una evaluación técnica o ante un testimonio guiado por afinidades ideológicas y revanchas partidistas?
