Lo que debería haber sido un análisis técnico e imparcial sobre los fallos institucionales en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre se ha convertido en una maniobra de evidente carga política. Dos peritos, presentados como expertos en emergencias por la Asociación SOS Desaparecidos, han elaborado un informe que señala de forma contundente —y sorprendentemente selectiva— al actual president de la Generalitat, Carlos Mazón, como principal responsable de las omisiones durante la catástrofe. Lo preocupante es que ambos peritos tienen una trayectoria política que compromete su objetividad.
José María Gil Garré fue candidato del PSOE en Los Alcázares (Murcia), mientras que Alberto Aguilar Zarco no solo fue concejal de Ciudadanos en Molina de Segura, sino que se convirtió en tránsfuga para facilitar la alcaldía al Partido Socialista. ¿Estamos ante una evaluación técnica o ante un testimonio guiado por afinidades ideológicas y revanchas partidistas?
El informe que han presentado, incorporado a la causa que instruye el Juzgado de Catarroja, contiene afirmaciones tan graves como que “la falta de alertas fue una sentencia de muerte”, o que “la Generalitat falló en liderar, alertar y coordinar”. Sin embargo, sorprende la ligereza con la que se pasa por alto la responsabilidad del Gobierno central, que tampoco activó el Nivel 3 de emergencia, ni siquiera en situaciones aún más graves como la erupción de La Palma o el terremoto de Lorca.
Resulta lícito criticar la descoordinación o la inacción institucional, pero lo que no puede tolerarse es que los peritos judiciales actúen como una suerte de fiscalía paralela, al servicio de una agenda política. Cuando los testigos —que tienen la obligación de decir verdad— llegan a su declaración con una mochila de pasado político tan evidente, su neutralidad queda automáticamente en entredicho.
La tragedia de la DANA merece un análisis serio y riguroso, no una instrumentalización partidista. Las víctimas no necesitan que se utilice su dolor como munición política, sino garantías de que algo así no volverá a repetirse. Convertir un proceso judicial en un escenario para desgastar a un gobierno autonómico solo desacredita a quienes dicen hablar en nombre de la justicia, el PSOE de Sánchez y Bernabé.
