El juez Peinado interroga hoy a cinco funcionarias de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estas participaron en gestiones relacionadas con la cátedra dirigida por Begoña Gómez.
Estos testimonios son clave para esclarecer dos posibles delitos. La causa analiza la presunta apropiación indebida de un software y un posible caso de intrusismo profesional.
La investigación se centra en el programa tecnológico desarrollado para la cátedra. Varias empresas privadas lo crearon de forma altruista. El acuerdo inicial establecía que la UCM sería la propietaria al 100% del software.
Sin embargo, la universidad nunca lo registró. Ese vacío es ahora uno de los puntos más delicados del caso.
En paralelo, la esposa del presidente Pedro Sánchez sí inscribió la marca del software y su logotipo. La titularidad del producto terminó bajo su nombre. El programa incluso llegó a promocionarse en una página web creada por Blanca de Juan, número dos de la cátedra.
Ella dio de alta el dominio y posteriormente transfirió su propiedad a Gómez. Ese movimiento digital figura también en la causa.
El segundo eje de la investigación gira en torno al proceso de contratación pública. El juez analiza si Begoña Gómez firmó un documento técnico sin ser personal de la Complutense. Se trata del pliego de prescripciones técnicas para contratar servicios de “asesoría técnica y tecnológica”.
El encargo fue adjudicado a Deloitte por 60.000 euros. La duda es si Gómez tenía la capacitación académica o profesional para rubricar un documento de ese tipo.
El interrogatorio de hoy llega más de un año después de que la propia Gómez solicitara tomar declaración a estas funcionarias. El magistrado no resolvió en su momento sobre la utilidad de esta diligencia.
