El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la tramitación para incluir el derecho al aborto en la Constitución, una reforma que, aunque ha superado su primer trámite en el Congreso, afronta un recorrido parlamentario complicado y sin un consenso claro. La propuesta busca modificar el artículo 43, pero necesitará una mayoría de tres quintos en ambas cámaras para salir adelante.
Ese requisito obliga al Ejecutivo a ampliar apoyos más allá de su bloque habitual, algo que, por ahora, no parece garantizado. La votación de esta semana ya dejó ver un respaldo ajustado, lo que anticipa dificultades en las siguientes fases del proceso.
Todo ello se produce, además, en una semana políticamente delicada, marcada por la declaración en el Tribunal Supremo de José Luis Ábalos en el marco del 'caso mascarillas', lo que añade presión al contexto político en el que se impulsa la reforma.
Críticas por el momento y la forma de la reforma
Desde la oposición, especialmente el Partido Popular, se han lanzado críticas tanto al contenido como al momento elegido para impulsar la iniciativa. Los populares consideran que el Ejecutivo ha optado por una vía que podría responder a una estrategia política más que a una necesidad jurídica urgente.
