Durante el último año, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha registrado un volumen histórico de sanciones relacionadas con el uso del catalán. En total, según El Debate, se han impuesto 486 multas por supuestas «vulneraciones de derechos lingüísticos», que han supuesto una recaudación de 715.284 euros, lo que equivale al 26,8 % del total ingresado por este organismo en sanciones.
Este incremento marca un récord dentro de la serie histórica de la entidad, que fue creada en 2004 durante el gobierno de Pasqual Maragall, en el marco del primer tripartito. Desde entonces, nunca se habían superado las trescientas sanciones en un solo año.
El registro más alto hasta ahora lo tenía el ejecutivo anterior, encabezado por Pere Aragonès, que en 2023 alcanzó las 261 multas por no utilizar el catalán. En el periodo más reciente, bajo la presidencia de Salvador Illa, se ha superado ampliamente esa cifra, situando el dato en su nivel más elevado hasta la fecha.
En el periodo reciente, los datos sobre sanciones lingüísticas en Cataluña muestran una evolución irregular según los años y los distintos gobiernos. En 2024, año considerado de transición porque la primera parte del ejercicio estuvo bajo la presidencia de Pere Aragonès y la segunda ya con Salvador Illa, el número total de sanciones se redujo a 206.
