Pedro Sánchez impone privilegios para musulmanes en colegios públicos españoles con un decreto ideológico

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un decreto que obliga a los centros escolares sostenidos con fondos públicos a ofrecer menús adaptados a prescripciones religiosas, entre ellas el halal. La medida se enmarca en la regulación estatal de comedores colectivos y afecta directamente a la organización interna de los colegios. No es una recomendación, sino una obligación normativa.

El texto establece que los servicios de comedor deberán garantizar alternativas alimentarias por motivos religiosos sin coste adicional para las familias solicitantes. Eso implica modificar contratos de catering, protocolos de elaboración y sistemas de certificación alimentaria. La adaptación no es simbólica, sino operativa.

El Ejecutivo justifica la decisión en el respeto a la diversidad y en la necesidad de garantizar igualdad de trato. Sin embargo, la escuela pública se rige por el principio de neutralidad confesional del Estado recogido en el artículo 16 de la Constitución. Obligar a introducir criterios religiosos específicos en servicios comunes plantea un conflicto jurídico evidente.

Además, el decreto no detalla con precisión cómo se financiarán los sobrecostes derivados de estas exigencias. La responsabilidad recae, en la práctica, sobre comunidades autónomas y centros educativos, que ya operan con presupuestos ajustados. Se amplían obligaciones sin clarificar recursos.

Impacto real en la gestión educativa

La implantación de menús religiosos no consiste solo en sustituir un ingrediente por otro. Requiere proveedores certificados, control de trazabilidad, separación en cocinas y posibles auditorías externas. Todo ello supone mayor carga administrativa para equipos directivos que ya soportan burocracia creciente.

En muchos centros el servicio de comedor está externalizado mediante contratos públicos plurianuales. Adaptar esos contratos puede obligar a renegociaciones o modificaciones técnicas no previstas inicialmente. El decreto no especifica un calendario de transición claro.

Además, la norma abre la puerta a futuras reclamaciones de otras confesiones o colectivos bajo el mismo principio de adaptación. Si el criterio es atender prescripciones religiosas específicas, el precedente queda consolidado. La gestión educativa puede fragmentarse en múltiples exigencias particulares.

Neutralidad institucional frente a adaptación confesional

La cuestión central no es alimentaria, sino institucional. El Estado debe garantizar que ningún alumno sea discriminado, pero también preservar la neutralidad de los servicios públicos. Adaptar el menú general a normas religiosas específicas transforma el modelo de neutralidad en modelo de acomodación activa.

No se trata de prohibir opciones voluntarias, sino de imponerlas como obligación estructural del sistema. Esa diferencia es sustancial desde el punto de vista jurídico y político. El decreto redefine el papel del colegio público.

Mientras tanto, persisten problemas estructurales como ratios elevadas, falta de apoyo docente y desigualdad territorial en recursos. Esas cuestiones no se abordan mediante decreto urgente. La prioridad elegida por el Ejecutivo revela su orientación política.

El decreto ya está en vigor. Sus efectos prácticos comenzarán a notarse en la gestión diaria de los centros. Y el debate sobre los límites de la neutralidad del Estado queda inevitablemente abierto.