Salen a la luz documentos de la participación de empresarios venezolanos que trataron de comprar el inmueble para Ábalos
La compra del chalé de José Luis Ábalos en Cádiz expone una compleja red de empresarios venezolanos, transacciones opacas y corrupción política.
La UCO desveló detalles inéditos sobre cómo esta propiedad pasó por diversas manos antes de llegar a la sociedad Have Got Time SL. Empresa utilizada para ocultar vínculos y facilitar el acuerdo.
Carmen Pano, denunciante clave en el caso, presentó documentos pubicados por The Objetive. Que confirman que el primer intento de compra lo realizó Henrique Rodríguez Guillén, ciudadano venezolano presidente de Suelopetrol filial de PDVSA.
Henrique, vinculado al empresario Rafael Chirino, firmó un contrato de arras el 1 de marzo de 2021, comprometiéndose a pagar 52,500 euros como adelanto. Chirino es conocido por sus operaciones en el comercio de oro, diamantes y su participación en el sector petrolero.
Sin embargo, el trato con Henrique no prosperó por razones no esclarecidas. Esto llevó a Víctor de Aldama, señalado como comisionista principal, a buscar alternativas.
Aldama recurrió a Nextomega Trade. Una sociedad controlada por Claudio Rivas y administrada por Jesús Callejón, un testaferro clave en la trama de hidrocarburos investigada por la Guardia Civil.
Nextomega Trade, conectada a Villafuel SL, buscaba adquirir el chalé mediante recursos obtenidos de operaciones ilícitas en el sector de combustibles. La operación se complicó cuando Claudio Rivas intentó evitar que la identidad de Callejón saliera a la luz, utilizando finalmente Have Got Time SL como intermediaria para cerrar la compra. Curiosamente, esta empresa fue declarada en concurso de acreedores meses después.
El chalé, ubicado en la exclusiva urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción. Fue objeto de un contrato de alquiler con opción a compra firmado por Ábalos. Este estipulaba una renta mensual de 2,500 euros y una cláusula que permitía la adquisición anticipada antes de 2026.
Según informes, Ábalos solo pagó los primeros meses de renta, dejando el resto de las obligaciones financieras sin cumplir.
El caso toma un giro político cuando se revela que Aldama y Rivas, mediante contactos como Koldo García, lograron acceder al Ministerio de Industria. Esto para negociar licencias de operadora de combustible.
Este vínculo muestra cómo intereses empresariales se entrelazaron con decisiones políticas en un esquema que favorecía a los implicados.
La investigación de la UCO, respaldada por pruebas documentales, muestra la participación de empresarios venezolanos que, junto a Aldama, intentaron adquirir la propiedad durante más de seis meses. En un mensaje clave fechado el 13 de abril de 2021, Piedad, secretaria de Aldama, expresa preocupación por perder la oportunidad de compra tras los fallidos acuerdos con Henrique Rodríguez Guillén.
Finalmente, la operación se concretó en julio de 2021, pero la trama deja al descubierto una red de favores, intermediaciones y manejos opacos.
