Otro gran problema para el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente

La larga lucha de una familia en Castellón  contra Adif  parece haber llegado a su fin. La entidad pública controlada por el Ministerio de Transportes ha salido vencedora frente a Nuria Viciano, una vecina de la ciudad de La Plana, que ha tenido que abandonar  su casa. Viciano  ha sido desahuciada de sus terrenos por las obras de acceso al puerto de la ciudad, a pesar de no haber recibido  el dinero por la expropiación.

El pasado miércoles por la tarde, acompañada de sus dos hijos menores de edad, abandonó definitivamente su villa, en la que había vivido durante más de 20 años. El desahucio estaba previsto para el lunes, pero la familia consiguió una prórroga de 48 horas para retirar sus pertenencias y poder reubicarse. Adif  es responsable de las obras la conexión y ha impulsado el proceso de  expropiación forzosa sobre la casa.

En febrero empezaron los trámites de desalojo, cuando la empresa pública comunicó a los residentes del inmueble que se marchasen de forma voluntaria. En ese momento Nuria  se negó por falta de una alternativa habitacional y a la espera de que se resolviese el  pago por expropiación. En estos seis meses, la situación ha sido la misma, ya que la familia todavía no ha recibido el precio  que le corresponde.

El Ayuntamiento de Castellón ofreció desde el primer momento algunas opciones en la ciudad. La propietaria rechazó  estas opciones porque consideraba que no reunían las condiciones necesarias para su familia, principalmente para uno de sus dos hijos, con una discapacidad  del 70%.

Finalmente, la familia afectada ha tenido que aceptar una de las propuestas del Consistorio  al agotarse el tiempo y las opciones. Se trata de un piso municipal con tres habitaciones, que la nueva inquilina ha firmado por un contrato por un año. En este tiempo se debería resolver el abono de la expropiación que le permitiría buscar otra casa.

La afectada ha agradecido al Ayuntamiento, que preside Begoña Carrasco, el piso que ocupa desde este lunes. Además de la promesa del Consistorio  para arreglar la casa.

Reproches al Ministro de Transportes

El Ministerio de Transportes, encabezado por Óscar Puente, es el responsable de las decisiones de Adif. La empresa pública no ha podido conseguir una alternativa para la familia afectada ni ha abonado el pago correspondiente. Unas acciones que han sido muy criticadas, tanto por los afectados como por el propio Ayuntamiento de Castellón.

Finalmente ha sido el consistorio quien ha acabado haciéndose cargo de la situación particular de Nuria y sus dos hijos menores de edad.

Es lamentable la situación de desamparo provocada por la inacción del Gobierno de España

Su abogado, Cristian Fabregat, también explica que tanto Adif como el Gobierno central podrían haber actuado en favor de la familia afectada. "Perfectamente hubiese podido el Estado aplicar una medida cautelar entregando el justiprecio antes de la ocupación. Sobre todo, dadas las circunstancias personales, es una cuestión de humanidad y equidad, ya que esto la ley no lo prevé".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado en un comunicado. "Es lamentable la situación de desamparo provocada por la inacción del Gobierno de España".

Además, Carrasco ha recordado que no es competencia de la administración local el ofrecimiento de viviendas a los responsables. "Desde el momento en que tuvimos constancia de la situación nos volcamos con Nuria y su familia ofreciéndoles alternativas".

Mientras que el justiprecio que, según explica Fabregat, estaría cifrado según el punto de vista pericial particular en unos 400.000 euros, la entidad ferroviaria Adif cifraba en 200.000. Una oferta que tampoco se llegó a materializar por escrito.

Adif defiende que han seguido el procedimiento legal marcado en una expropiación forzosa y afirman que se planteó un justiprecio a la vecina. Pero Nuria y su abogado aseguran que la expropiación no se planteó por escrito, sino que fue de palabra.