El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha vuelto a adjudicar contratos públicos a Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L., una empresa que figura en investigaciones judiciales relacionadas con una presunta trama de comisiones en obra pública. La decisión ha generado críticas al producirse en pleno desarrollo de esas pesquisas.
Según la documentación disponible en las plataformas de contratación, uno de los encargos se concedió en enero de 2026 para trabajos en el Parque de Maquinaria de Peñacastillo (Cantabria), por un importe de 13.131 euros. A este contrato se suma otro de mayor envergadura, vinculado a la Autoridad Portuaria de Vigo, adjudicado en 2024 dentro de una unión temporal de empresas y con un importe cercano a los 98 millones de euros, posteriormente modificado.
Aunque las cantidades y actuaciones responden a procedimientos administrativos ordinarios, el hecho de que la empresa esté siendo investigada ha puesto el foco en los criterios de adjudicación y en la oportunidad de mantener este tipo de relaciones contractuales.
Una empresa en el centro de la investigación
Aquaterra aparece en el marco de una causa que analiza posibles pagos de comisiones a responsables públicos a cambio de contratos. Uno de los casos más relevantes es el de la autovía A-68 en La Rioja, donde la empresa participó en una adjudicación millonaria junto a otras compañías.
