El Supremo ordena a los agentes que requisen la documentación en papel
La UCO registra el despacho del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Concretamente en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Bajo orden del Tribunal Supremo, agentes de la Guardia Civil registraron el despacho de García Ortiz. En busca de evidencias sobre un presunto delito de revelación de secretos.
La investigación se centra en la posible filtración de información confidencial vinculada al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también se encuentra implicada. Su oficina fue igualmente registrada en un operativo que sugiere una compleja red de intercambios de información privada dentro de las más altas esferas judiciales.
La UCO ha recibido una orden clara y directa. Incautar "cualquier tipo de material o soporte informático", incluyendo los teléfonos móviles de los que disponga el fiscal general. Además de copiar de forma íntegra su contenido.
Así se desprende del auto en el que el Tribunal Supremo ha reclamado la entrada y registro.
Este caso ha generado un debate político que no solo cuestiona la actuación de García Ortiz. Si no también el rol de la Fiscalía en proteger información sensible.
De acuerdo con fuentes judiciales, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado determinó que ambos fiscales, a través de comunicaciones electrónicas. Que habrían facilitado acceso a datos reservados sobre González Amador.
Este empresario está vinculado a una investigación de índole fiscal, y la supuesta filtración compromete no solo el proceso, sino también la confianza pública en los máximos responsables de la Fiscalía.
La situación se complica aún más al descubrirse que García Ortiz podría haber utilizado un correo personal para la transmisión de estos datos. Lo que aumenta las sospechas de falta de control y de rigurosidad en la gestión de información clasificada.
En esta línea, la Sala Penal del Supremo ha señalado que la conducta de los implicados parece ajustarse al delito de revelación de secretos. Este delito sanciona a funcionarios públicos que compartan información adquirida en el ejercicio de sus funciones y destinada a ser confidencial.
A medida que avanza la investigación, los próximos pasos incluyen un análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados. Para determinar si hubo intentos deliberados de borrar rastros o de encubrir la difusión de información sensible.
La Fiscalía, por su parte, ha declarado que cooperará con la investigación. Pero el hermetismo sobre los detalles de la causa y el secretismo impuesto por el magistrado instructor mantienen el caso en un limbo jurídico que genera suspicacia en la opinión pública.
Esta situación también plantea interrogantes en torno a las políticas de control interno y de confidencialidad en la Fiscalía General del Estado. La aparición de correos electrónicos personales y la falta de mecanismos de seguridad informática, que permitan el acceso únicamente a plataformas institucionales seguras. Revelan una preocupante laxitud en el manejo de datos confidenciales dentro de una de las instituciones judiciales más importantes de España.
