La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, encabezada por Pilar Bernabé, vuelve a estar en el punto de mira por su falta de transparencia y su evidente opacidad en asuntos de máxima relevancia. En esta ocasión, se trata de la detención de un joven de 30 años en Valencia por amenazas de muerte reiteradas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un hecho de extrema gravedad que la administración socialista ha tratado de silenciar.
El arresto, llevado a cabo por la Policía Nacional el pasado miércoles 27 de marzo, se produjo tras meses de mensajes amenazantes dirigidos a Mazón a través de redes sociales. Frases como "estás muerto" o "vamos a pegarle un tiro entre ceja y ceja" fueron enviadas de manera insistente, lo que llevó a la Generalitat a trasladar el caso a las autoridades policiales. Sin embargo, a pesar de la magnitud del suceso, ni la Delegación del Gobierno ni la Policía Nacional emitieron ningún comunicado oficial sobre la detención, en un claro ejercicio de opacidad institucional.
El silencio de Bernabé y su equipo contrasta con la rápida difusión de otras noticias cuando la persona afectada pertenece a su mismo espectro político. No es la primera vez que la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana es señalada por su doble vara de medir en la gestión de la información. En este caso, la ocultación de la detención de un individuo que amenazaba con asesinar a un presidente autonómico evidencia una preocupante negligencia.
La falta de transparencia ha generado indignación en sectores políticos y ciudadanos, que exigen explicaciones sobre por qué se ha intentado minimizar este hecho. Resulta aún más preocupante que el silencio se haya mantenido incluso después de que Mazón se viera obligado a suspender su visita a las fiestas de la Magdalena por cuestiones de seguridad, un hecho que podría estar relacionado con el clima de hostigamiento y las amenazas previas.
Es inaceptable que una amenaza de muerte contra el máximo representante del Consell se maneje con total secretismo. La Delegación del Gobierno debe explicar por qué no se informó de manera oficial sobre la detención y qué medidas se han tomado para garantizar la seguridad del presidente de la Generalitat. La opacidad con la que se ha manejado este caso solo refuerza la desconfianza ciudadana hacia la Delegación del Gobierno que, en lugar de velar por la seguridad de todos, parece más preocupada por proteger sus propios intereses políticos.
