
Nuevo varapalo de la Audiencia Provincial de Madrid a la asesora de Begoña Gómez
Los magistrados rechazan los recursos de la asesora de Moncloa, la Fiscalía y de la propia esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La Audiencia de Madrid ha respaldado al juez Peinado en su decisión de registrar las llamadas de Cristina Álvarez, amiga de Begoña Gómez. Los magistrados rechazan los recursos de la asesora de Moncloa, la Fiscalía y de la propia esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La resolución judicial considera la medida como una injerencia de "mínima intensidad", necesaria y ajustada a derecho en una causa sensible. El número de teléfono intervenido es oficial de Moncloa y se usaba para comunicarse como asistente de la esposa del presidente del Gobierno.
Según el auto, ese número se podía obtener por vías administrativas sin necesidad de una declaración testifical, ya considerada nula. Cristina Álvarez fue llamada como testigo, pero su testifical fue anulada por la misma Audiencia en un auto separado por defecto formal.
Pese a ello, los jueces consideran que el dato del teléfono es válido, al ser información accesible por su carácter institucional. El teléfono, usado desde 2018 cuando Álvarez fue nombrada asesora, es clave en la investigación por tráfico de influencias en la UCM.

Los magistrados se alinean con el juez instructor y rechazan que se haya vulnerado el derecho a la intimidad de la asesora. La defensa alegaba que el auto del juez Peinado no estaba suficientemente motivado y se basaba en una providencia poco clara.
Además, criticaron que esa providencia no permitía recurrir, por lo que no había garantía judicial en el acceso a las comunicaciones. La Audiencia señala que Peinado corrigió esa situación emitiendo un auto formal con justificación razonada de su decisión.
La Fiscalía, sorprendentemente, apoyó el recurso de Álvarez, mostrando una vez más su alineación con los intereses del Ejecutivo. En el entorno judicial se cuestiona esta postura, pues la Fiscalía debería velar por el interés general, no por afinidades políticas.
El caso investiga si Cristina Álvarez actuó como intermediaria entre empresas privadas y actividades académicas de Begoña Gómez. Se sospecha que gestionaba contactos y correos para cerrar acuerdos que beneficiaban la cátedra de la esposa de Sánchez.
Entre los nombres que aparecen en las comunicaciones se encuentran multinacionales como Telefónica, Reale o Indra. También hay registros de interacción con IE University, la Universidad Complutense y altos cargos institucionales.

La Audiencia ha querido marcar distancia con las formas del juez, pero no por ello ha invalidado las actuaciones de fondo. Sánchez, que ya había intentado desvincularse del caso de su esposa, vuelve a quedar salpicado por su círculo más íntimo.
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