Nuevo revés judicial para Carles Puigdemont. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación atribuido provisionalmente al expresidente de la Generalitat Valenciana y mantiene vigente la orden nacional de detención contra él.
La decisión llega después de que Puigdemont solicitara revisar su situación a raíz de la sentencia dictada el pasado 16 de julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, Llarena concluye que ese pronunciamiento europeo no elimina todos los argumentos utilizados para excluir la malversación de la Ley de Amnistía.
El TJUE sí descartó que los hechos investigados afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea por una eventual secesión de parte del territorio español. Ese era uno de los dos argumentos utilizados anteriormente por el instructor.
Pero el Supremo mantiene intacto el segundo. Llarena considera que continúa siendo necesario analizar si existió "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial", circunstancia que dejaría los hechos fuera de la amnistía.
Nuevo revés para Puigdemont: Llarena rechaza aplicarle la Ley de Amnistía y mantiene su orden de detención
Llarena mantiene uno de los motivos para excluir la amnistía
El magistrado recuerda que ya en julio de 2024 rechazó aplicar la medida de gracia a la malversación atribuida a Puigdemont. Entonces sustentó su decisión en dos razones distintas.
Una de ellas ha quedado afectada por la sentencia europea. La otra, relacionada con el posible beneficio patrimonial de los dirigentes independentistas, permanece vigente y permite mantener el criterio adoptado por el Supremo.
Llarena sostiene que la propia Ley de Amnistía no incluye automáticamente cualquier malversación relacionada con el referéndum del 1-O. La norma obliga a analizar las circunstancias concretas y, entre ellas, si los responsables actuaron buscando un beneficio patrimonial.
El instructor ya argumentó que Puigdemont y varios antiguos consellers disponían de capacidad para decidir sobre los fondos públicos de la Generalitat y destinaron recursos a sufragar los gastos del referéndum independentista.
Según su razonamiento, aquellos gastos permitieron obtener bienes y servicios vinculados al proyecto político que impulsaban sin tener que asumirlos con su patrimonio personal.
Nuevo revés para Puigdemont: Llarena rechaza aplicarle la Ley de Amnistía y mantiene su orden de detención
La orden nacional de detención continúa vigente
La consecuencia inmediata de la resolución es que Puigdemont continúa sujeto a una orden nacional de detención. Llarena rechaza levantarla al no considerar amnistiados los hechos relacionados con la malversación.
El magistrado también ha desestimado una petición similar presentada por el exconseller Antoni Comín, que reclamaba beneficiarse de la Ley de Amnistía tras la sentencia europea.
La resolución supone un nuevo obstáculo para Puigdemont después de que la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para borrar responsabilidades vinculadas al procés no haya conseguido, por el momento, eliminar este frente judicial.
El debate continuará ahora alrededor de la interpretación definitiva de la Ley de Amnistía. Mientras tanto, Llarena mantiene que el posible beneficio patrimonial constituye un fundamento autónomo suficiente para negar su aplicación a Puigdemont y conservar activa la orden de detención en España.
