Europa Press Nuevo revés a Ábalos por los enchufes de sus amigas íntimas
El exministro socialista de Sánchez ahora se enfrenta a una nueva investigación
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, formada por representantes del Congreso y el Senado, aprobó este jueves una propuesta del Partido Popular. Esto, para que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos de varias personas vinculadas al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en empresas públicas.
La iniciativa busca esclarecer posibles casos de enchufismo en entidades como Tragsatec e Ineco, donde habrían sido contratadas personas cercanas al político socialista, según informó el diario ABC.
La propuesta, respaldada por PP, Vox y Junts, se centra en examinar las contrataciones de Jéssica Rodríguez, pareja extramatrimonial de Ábalos. Así como de Claudia Montes, Nicole Neasccu y Andrea de la Torre. Estas personas habrían obtenido puestos en empresas públicas sin cumplir, presuntamente, los requisitos necesarios.
Por ejemplo, Jéssica Rodríguez fue contratada en Tragsatec en 2021, cobrando 1.000 euros mensuales sin asistir al trabajo, según documentos aportados por la empresa. También se investiga su paso por Ineco en 2019.
El PP denunció que estas contrataciones podrían ser parte de una red de favores vinculada a Ábalos. El que está bajo investigación en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, relacionado con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.
La investigación parlamentaria se suma a las diligencias judiciales contra Ábalos | Europa Press
El PSOE y sus socios, como Sumar, votaron en contra de la propuesta. Esto, argumentando que el Tribunal de Cuentas ya realiza auditorías regulares y que la iniciativa del PP tiene un carácter político. Sin embargo, el respaldo de Junts permitió que la moción prosperara, generando tensiones en la coalición gubernamental.
El Tribunal de Cuentas deberá ahora elaborar un informe especial para determinar si hubo irregularidades en estas contrataciones. Además, si se vulneraron los principios de mérito y transparencia en la gestión de las empresas públicas.
La investigación parlamentaria se suma a las diligencias judiciales contra Ábalos, que incluyen el análisis de su patrimonio y cuentas bancarias por parte de la Guardia Civil. El exministro, actualmente diputado del Grupo Mixto, ha negado cualquier implicación en actos de corrupción y asegura que las acusaciones son infundadas. Este caso sigue generando debate sobre la ética en la gestión pública y el uso de influencias políticas para beneficiar a personas cercanas.
La decisión del Parlamento marca un nuevo capítulo en el escándalo, mientras el Tribunal de Cuentas se prepara para revisar exhaustivamente los contratos señalados. Los resultados de esta fiscalización podrían tener repercusiones políticas y judiciales significativas en los próximos meses.
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