El nuevo frente que enfrenta Mónica García con los sanitarios españoles
La ministra de Sanidad, Mónica García
porRafael Alejandro Escalona
politica
El Ministerio que dirige Mónica García ha iniciado el trámite de audiencia pública del nuevo real decreto que regulará las condiciones laborales de los profesionales en formación
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La reforma del régimen laboral de los médicos internos residentes (MIR) abre un nuevo frente para el Ministerio de Sanidad. El Ministerio que dirige Mónica García ha iniciado el trámite de audiencia pública del nuevo real decreto que regulará las condiciones laborales de los profesionales en formación, una modificación que incorpora cambios relevantes, pero que no convence por completo a los representantes del colectivo.
La propuesta del Ministerio pretende sustituir una normativa vigente desde 2006 con el objetivo de adaptar el sistema a las necesidades actuales de los residentes. Sin embargo, la Asociación MIR España (AME) considera que, aunque el texto supone un paso adelante respecto a la regulación existente, las medidas planteadas siguen siendo insuficientes para acabar con la situación de precariedad que, a su juicio, continúa afectando a miles de sanitarios.
Entre las principales novedades del borrador figura la fijación de un límite máximo de cuatro guardias mensuales para los residentes, una de las demandas históricas del colectivo. El texto también establece que la jornada continuada no podrá superar las 17 horas, con el propósito de reducir la sobrecarga laboral que soportan estos profesionales durante su periodo de formación.
La ministra de Sanidad, Mónica García
La reforma incorpora igualmente un promedio máximo de 45 horas semanales de trabajo y prohíbe que los residentes tengan que realizar su jornada ordinaria inmediatamente después de finalizar una guardia. Esta medida busca garantizar periodos mínimos de descanso y mejorar las condiciones de trabajo dentro del sistema sanitario.
Otro de los cambios incluidos en la propuesta afecta a la organización de los horarios. El Ministerio plantea que los residentes conozcan su planificación laboral con al menos dos meses de antelación, una medida orientada a ofrecer mayor previsión y facilitar la conciliación personal y profesional. Además, el nuevo texto obliga a los centros sanitarios a implantar sistemas efectivos de control horario para registrar la jornada real de los residentes. Con ello se pretende reforzar el seguimiento del cumplimiento de los límites establecidos en la futura normativa.
La propuesta también introduce una modificación relacionada con las guardias extraordinarias. Según el borrador, estas solo podrán realizarse cuando exista el consentimiento expreso del residente, eliminando cualquier posible repercusión negativa sobre su evaluación si decide no aceptarlas.
Desde la Asociación MIR España valoran positivamente la incorporación de estas medidas y consideran que representan avances respecto a la regulación actual. Asimismo, destacan la inclusión de evaluaciones específicas sobre riesgos psicosociales dentro de los programas de prevención en los centros sanitarios. No obstante, el colectivo sostiene que la reforma sigue sin abordar los problemas estructurales que afectan a los médicos en formación. A su juicio, el nuevo marco normativo no garantiza todavía unas condiciones laborales capaces de eliminar la sobrecarga física y emocional que soportan durante la residencia.
La ministra de Sanidad, Mónica García
Los representantes de la asociación consideran que la formación especializada no debería depender de jornadas prolongadas ni de un elevado número de horas extraordinarias para garantizar el funcionamiento de los servicios asistenciales. La apertura del periodo de audiencia pública permitirá ahora que organizaciones profesionales, sindicatos y entidades del sector sanitario presenten alegaciones y propuestas antes de que el texto continúe su tramitación.
El proceso servirá para recoger las aportaciones de los distintos colectivos implicados en una reforma que afecta a miles de médicos internos residentes en toda España y que busca actualizar un marco regulador que permanece prácticamente sin cambios desde hace casi dos décadas.