La acusación particular rechaza que Begoña Gómez viaje a Turquía y Londres por riesgo de fuga

La acusación particular personada en el caso que afecta a Begoña Gómez ha solicitado al juez instructor que no autorice los desplazamientos previstos entre el 7 y el 11 de julio a Turquía y Reino Unido. La petición se ha presentado tras conocerse la intención de la investigada de viajar en esas fechas fuera de España.

El itinerario planteado incluye un primer viaje a Ankara, donde Begoña Gómez acompañaría al presidente del Gobierno a una cumbre internacional de la OTAN, seguido de un desplazamiento a Londres para asistir a un acto académico familiar, concretamente la graduación de una de sus hijas.

En su escrito, la acusación particular se posiciona en contra de ambas salidas del país y sostiene que no deberían autorizarse mientras continúen vigentes las medidas cautelares impuestas por el juzgado, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Según el planteamiento de la acusación, dichas medidas fueron adoptadas para asegurar la sujeción de la investigada al procedimiento judicial, por lo que permitir un viaje al extranjero supondría, a su juicio, una flexibilización injustificada del marco cautelar actualmente en vigor.

Uno de los puntos centrales del escrito se refiere a la conexión entre los dos desplazamientos. La acusación sostiene que el viaje a Londres no sería independiente, sino la continuación del trayecto iniciado en Turquía, lo que implicaría una estancia prolongada fuera de España.

En ese contexto, advierten de que la concatenación de ambos desplazamientos podría aumentar el tiempo de ausencia del país y dificultar el control judicial efectivo sobre la situación procesal de la investigada durante esos días.

El escrito también hace referencia al marco de cooperación judicial con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea. En este sentido, la acusación señala que los mecanismos actuales de entrega y extradición son más lentos y complejos que el sistema anterior de orden europea de detención.

A juicio de la parte acusadora, esta circunstancia supondría una reducción de las garantías de retorno inmediato en caso de que surgiera cualquier incidencia relacionada con el cumplimiento de las medidas cautelares.

Otro de los argumentos expuestos se basa en la gravedad de las posibles penas a las que se enfrenta la investigada en el procedimiento. El escrito recuerda que las solicitudes de condena que figuran en la causa alcanzarían, según el auto de apertura de juicio, hasta 24 años de prisión.

Para la acusación, esta perspectiva penal constituye un elemento relevante a la hora de valorar el riesgo procesal, ya que podría influir en la decisión de una eventual no comparecencia o incumplimiento de las obligaciones judiciales.

Asimismo, se cuestiona la documentación aportada para justificar el viaje a Londres. La acusación afirma que no consta acreditación suficiente que confirme la celebración del acto de graduación en las fechas indicadas, ni información oficial emitida por la institución académica.

Según el escrito, tampoco se han aportado convocatorias, programas ni documentos que permitan verificar de forma objetiva la realidad del evento alegado como motivo del desplazamiento familiar.

Por ello, la acusación considera que la solicitud carece de respaldo documental suficiente y no cumple los requisitos necesarios para justificar una excepción a las medidas cautelares vigentes.

Con estos argumentos, la acusación particular pide al juez instructor que mantenga las restricciones actuales y deniegue la autorización para los viajes solicitados, al entender que no existen garantías suficientes que avalen su concesión en este momento del procedimiento.