Nuevo fracaso de Igualdad: renovará los contratos con la empresa de las pulseras antimaltrato que fallaron
porEDATV
politica
El Ministerio de Igualdad vuelve a contratar a la misma empresa de las pulseras antimaltrato que tuvo fallos masivos y dejo desprotegidas a cientos de mujeres
El Ministerio de Igualdad ha decidido volver a confiar en la misma unión de empresas que protagonizó el fallo del sistema telemático de control a maltratadores en 2025. La propuesta adjudica el contrato millonario a la UTE formada por Vodafone y Securitas, pese a las recientes sanciones por los fallos registrados.
La decisión se aprobó este jueves en la Mesa de Contratación del ministerio. El encuentro se celebró de manera telemática y validó los criterios técnicos del expediente. El contrato regula el seguimiento de agresores con órdenes de alejamiento por violencia de género y delitos sexuales.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Hace apenas dos meses, el propio ministerio multó a la empresa adjudicataria por la avería que paralizó el sistema Cometa durante casi trece horas y dejo desprotegidas a cientos de mujeres. Aquella incidencia obligó a activar protocolos extraordinarios para proteger a las víctimas.
Pese a ese precedente, la UTE actual obtuvo una valoración muy superior a la de su competidora. Consiguió 41,30 puntos sobre 46 posibles en los criterios sujetos a juicio técnico. La oferta rival, encabezada por Orange junto a otra empresa de seguridad, quedó muy por detrás.
El contrato tendrá una duración inicial de tres años y un presupuesto de 71 millones de euros. Con las posibles prórrogas previstas, el coste total podría superar los 111 millones.
Nuevo fracaso de Igualdad: mantiene el contrato de las pulseras antimaltrato
Desde Igualdad defienden que los nuevos dispositivos incorporarán mejoras técnicas. Entre ellas destacan baterías más duraderas, eSIM no extraíbles y materiales resistentes a manipulaciones. Sin embargo, varias víctimas siguen denunciando errores y fallos en las pulseras actuales.
Las críticas también llegan desde el ámbito judicial. La Fiscalía de Madrid ya alertó en 2024 de 'múltiples fallos' relacionados con estos dispositivos. Jueces especializados advirtieron igualmente de disfunciones que afectaban a la fiabilidad del sistema.
El Gobierno, además, ha rechazado incluir conexión satelital en los nuevos aparatos. El PP considera que esa decisión deja más desprotegidas a las víctimas que viven en zonas rurales o de montaña.
La situación vuelve a abrir el debate sobre la gestión de recursos públicos y la responsabilidad política. Resulta complicado entender que un servicio cuestionado continúe recibiendo contratos millonarios mientras persisten las dudas sobre su eficacia.
