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Un hombre con gafas y barba en un entorno formal con dos imágenes circulares superpuestas mostrando a otra persona y una silueta.
POLÍTICA

Nuevo escenario en el caso Koldo tras desvelarse el nexo con República Dominicana

Un socio de Aldama, quien en ocasiones se presentaba como "asesor" del Ministerio de Transportes, vuelve a ser clave

Un empresario vinculado a Víctor de Aldama ha llevado el caso Koldo hasta República Dominicana. Si en un principio se detectaron viajes al Caribe con el propósito de recoger dinero en efectivo, ahora la Guardia Civil ha encontrado nuevas conexiones. Concretamente con Santo Domingo a través de Bernardo Castillo.

Este socio de Aldama, quien en ocasiones se presentaba como "asesor" del Ministerio de Transportes, ha vuelto a ser una figura clave. Lo es en el marco de una investigación tras actuar como intermediario en la compra de un Land Rover para José Luis Ábalos.

Documento con fecha en Madrid, 21 de octubre de 2020, con sello del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, firmado por Koldo García Izaguirre, asesor del Gabinete del Ministro.

Desde el inicio de la investigación, el sumario lo señaló debido a su relación con el comisionista involucrado en la trama. En noviembre de 2022, mientras la causa aún se encontraba bajo secreto de sumario, la UCO lo identificó por una operación con Deluxe Fortune.

Esta compañía, presuntamente utilizada por Aldama para recibir comisiones. Vendió a finales de 2017 una propiedad a Transportes Anabel y Berna de Corella SL, sociedad que estaba bajo el control de Bernardo Castillo.

Las transferencias de dinero no terminaron ahí. Dos años después, en 2020, se registraron dos pagos relevantes. En mayo, la empresa de Castillo recibió 70.000 euros de Deluxe Fortune, y en junio, otra de las compañías de Aldama le transfirió 3.000 euros.

Documento con sello de la Guardia Civil que menciona a una persona llamada Aldama, estimando ingresos de 60 millones de euros, con un desglose de cantidades provenientes de Puertos del Estado, ADIF y el Ministerio del Interior.

Estas fechas resultan clave para la UCO, ya que coinciden con la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas. Todo esto por parte de los ministerios de Transportes e Interior, así como de los gobiernos de Baleares y Canarias. En total, se concedieron contratos por más de 54 millones de euros mediante adjudicaciones directas, generando 17 millones en beneficios netos.

En 2024, con el caso ya bajo jurisdicción de la Audiencia Nacional, la UCO volvió a encontrar referencias a Bernardo Castillo. En documentos de Aldama fechados en 2020, se mencionaban también los nombres "El Gran" (en referencia a José Luis Ábalos) y "Goblins" (Koldo García).

En un primer momento, la UCO confundió la identidad de estos alias. Pero Aldama aclaró su verdadero significado en su confesión judicial del 21 de noviembre. Junto a los nombres figuraban montos de "comisiones que habían pedido", siendo el de Bernardo de 200.000 euros.

Brasil pone a Ábalos en el punto de mira

La investigación sobre el exministro José Luis Ábalos ha cruzado fronteras y llegado hasta Brasil. País donde la Policía Federal ha puesto sus ojos en una supuesta transferencia de dos millones de euros vinculada al escándalo  de las mascarillas durante la pandemia.

Supuestamente, los agentes brasileños están rastreando el destino de fondos que habrían sido desviados a través de la empresa Suro Capital Brasil Participações. Se trata de una sociedad señalada como posible pantalla para ocultar ganancias ilegales derivadas de contratos públicos en España.

El caso, que en España se conoce como la "trama Koldo" por el involucramiento del exasesor de Ábalos, Koldo García, ha dado un giro internacional. Esto, con la intervención del Consejo de Control de Actividades Financieras, organismo brasileño encargado de prevenir el blanqueo de capitales.

Este ente detectó movimientos financieros sospechosos que apuntan a la supuesta participación de Ábalos en una operación destinada a dificultar el seguimiento del dinero. Entre las pruebas que manejan las autoridades, destacan dos transferencias realizadas en 2022 al Banco Itaú BBA. Una de 13.500 euros en enero y otra de 8.750 euros en julio, ambas con destino a Suro Capital.

Es preciso destacar la colaboración de un empresario brasileño, Felipe Chaguar, residente en São Paulo, quien habría aportado información clave a la Policía Federal. Esto, a cambio de beneficios en su propia investigación por blanqueo.

Todo esto, según la reciente publicación del digital OkDiario.

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