La llegada masiva de inmigrantes a Canarias no cesa mientras el Gobierno impone su reparto de menas sin consenso con las comunidades afectadas. Un nuevo cayuco con 68 inmigrantes ilegales fue interceptado este viernes en aguas del sur de Tenerife, elevando la tensión migratoria en la isla.
Entre los ocupantes de la embarcación se encontraban cuatro mujeres y un menor. Que fueron rescatados por Salvamento Marítimo tras un aviso de la Guardia Civil. El cayuco fue localizado a unas cinco millas de Punta Rasca, y la Salvamar Alpheratz lo escoltó hasta el puerto de Los Cristianos en condiciones de seguridad.
A su llegada, los inmigrantes fueron atendidos por Cruz Roja y otros servicios de emergencia, mientras las autoridades evaluaban su estado de salud. Este nuevo episodio agrava aún más la crisis migratoria que sufre Canarias, que ya ha recibido miles de inmigrantes en lo que va de año.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin tomar medidas efectivas para frenar la llegada masiva de cayucos desde las costas africanas. En lugar de reforzar el control fronterizo, el Ejecutivo presiona a comunidades autónomas como Madrid, Aragón y Extremadura con el reparto de menas.
Varios migrantes llegan al puerto de La Restinga
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dado una semana a estas regiones para actualizar sus datos sobre los menores extranjeros en acogida. Si las comunidades no cumplen con el plazo, el Gobierno impondrá su propio reparto usando datos desactualizados de 2023 sin margen de negociación.
Según estos cálculos, Madrid debería asumir la tutela de 806 menas, mientras que Extremadura acogería 169 y Aragón, 186, cifras que generan rechazo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado esta medida como "un chantaje" y una imposición sin recursos suficientes.
Desde Aragón y Extremadura también han mostrado dudas sobre la viabilidad del reparto, señalando la falta de financiación del Gobierno central. El Ejecutivo canario insiste en que la situación es insostenible y que otras comunidades deben asumir parte de la carga migratoria que recibe la isla.
Los municipios costeros de Canarias, completamente desbordados, han pedido ayuda urgente para gestionar la crisis migratoria sin respuestas claras. A pesar de la creciente presión, el Gobierno de Sánchez sigue sin exigir a Marruecos un mayor control sobre la salida de cayucos desde sus costas.
