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Un hombre con gafas y vestimenta formal sostiene un objeto en sus manos mientras está de pie frente a una cortina roja.
POLÍTICA

La nueva petición del juez a la UCO sobre los mensajes borrados de García Ortiz

El juez también señala que debe requerirse a las compañías de telecomunicaciones donde están "los registros de llamadas"

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha emitido una solicitud a los miembros de la UCO de la Guardia Civil. Que proporcionen información sobre la viabilidad de recuperar los datos relacionados con las aplicaciones de mensajería instantánea. Los que pudieran haberse utilizado en los números de teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo establece en una resolución emitida este martes 7 de enero. El juez también señala que debe requerirse a las compañías de telecomunicaciones. En donde "los registros de tráfico de llamadas realizadas y recibidas" en los dos teléfonos móviles pertenecientes al fiscal general.

Un hombre con gafas y traje oscuro habla en un micrófono en un entorno formal.

Esta decisión se toma en el marco de un informe en el que la UCO está investigando los números de teléfono y los identificadores IMISI/IMEI asociados a las tarjetas SIM. Todo sobre el teléfono incautado a García Ortiz durante un registro en su oficina el pasado 30 de octubre.

Hombre con gafas y traje sonríe frente a una pared clara y una pared con paneles de madera.

Según los agentes, "la fecha de activación de los IMSI relacionados con estos IMEI es el 23 de octubre de 2024". Por tanto, según la UCO, lo que indica es que se produjo un cambio de terminal en esa fecha en relación con las tarjetas mencionadas.

En el informe emitido por la Jefatura de Policía Judicial de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica (UCO) de la Guardia Civil, los investigadores están revisando dos números de teléfono. Los que fueron confiscados durante el registro en el despacho del fiscal general.

Uno de los teléfonos está registrado a nombre de Álvaro García Ortiz, ya que se trata de su línea personal. El otro, correspondiente al ámbito profesional, tiene como titular la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Este es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda.

Manos Limpias reclama el teléfono cambiado

Además, Manos Limpias reclama que el teléfono sea entregado al Supremo para su análisis por parte de la Guardia Civil. También solicita que se informe sobre el procedimiento llevado a cabo para borrar o formatear el terminal, especificando si fue entregado con datos eliminados.

Según su argumentación, estos detalles son clave para garantizar la conservación de posibles evidencias relacionadas con el caso.

La causa contra García Ortiz se centra en un supuesto delito de revelación de secretos que habría cometido en el ejercicio de sus funciones. La imputación también alcanza a Pilar Rodríguez Fernández, quien habría participado en los hechos investigados.

Manos Limpias considera que la gestión de los dispositivos móviles utilizados por el fiscal general podría ser crucial para esclarecer los presuntos delitos.

Por ello, recalca la importancia de garantizar que todos los elementos de prueba sean preservados y analizados conforme a los protocolos establecidos.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si admite a trámite la solicitud de la acusación popular. Este nuevo paso procesal podría determinar si el dispositivo en cuestión aporta información relevante para la investigación.

El caso sigue generando expectativas, al ser una de las pocas investigaciones que involucra a altos cargos en el ámbito judicial.

Manos Limpias insiste en que el esclarecimiento de los hechos es fundamental para garantizar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.

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