La nueva iniciativa de Vox en para asesorar a amenazados por hablar en español

Vox ha anunciado un paquete de medidas contra la presión lingüística en Barcelona. El partido quiere defender la libertad de los ciudadanos frente a la intimidación y la extorsión.

La iniciativa llega tras el caso de la heladería Dellaostia, en el barrio de Gràcia. El local apareció con pintadas como “fascistas de mierda” y carteles que lo acusaban de “anticatalanista”.

Todo comenzó después de que un concejal de ERC, Guillem Roma, denunciara que un empleado había faltado al respeto a su pareja. Según él, por hablar en catalán. La denuncia desató reseñas negativas y, días después, un ataque al establecimiento.

Algo que difiere mucho con la realidad descrita por el dueño. Este ha asegurado que atienden a todas las personas que hablan en catalán.

Ante esta situación, Vox ha decidido actuar. Creará en los próximos meses una oficina para asesorar jurídicamente y respaldar a particulares y comercios atacados por usar el castellano. Así lo indica el diario THE OBJECTIVE.

El portavoz en Barcelona, Gonzalo de Oro, aseguró: “debe ser un ejemplo de convivencia y respeto entre vecinos, sin importar la lengua que usen”. Añadió que no pararán “hasta garantizar la plena libertad del castellano y del catalán frente a la imposición y la complicidad de quienes callan”.

Joan Garriga, portavoz de Vox en Cataluña, fue más duro: “Lo de la heladería es otro episodio de odio al español. Un concejal separatista señala y entidades subvencionadas ejecutan la represión vandalizando un comercio”.

Los datos confirman la preocupación. Según Impulso Ciudadano, en 2023 se registraron 175 incidentes de violencia política en Cataluña. La mayoría, vinculados al secesionismo.

En 2022 fueron 155, el 98,7% relacionados con el independentismo. Aunque no hay cifras oficiales de 2024 y 2025, los episodios continúan.

En paralelo, entidades como Plataforma per la Llengua han visitado comercios para exigir que la atención y los rótulos estén en catalán. Esta misma organización, bajo el gobierno de Quim Torra, llegó a infiltrar activistas en colegios para vigilar qué idioma usaban los niños en el recreo.

La oficina de apoyo no será la única medida. Vox pedirá al Ayuntamiento de Jaume Collboni que se persone como acusación popular contra los responsables de los ataques.

También reclamará una Comisión Extraordinaria en el consistorio. Su objetivo: condenar lo ocurrido, reafirmar la igualdad de castellano y catalán, y garantizar que los hispanohablantes no sean tratados como “ciudadanos de segunda”.

Para Vox, lo sucedido en Gràcia es una señal de alarma. Considera que se ha cruzado una línea. Y promete plantar cara para que nadie vuelva a ser amenazado o señalado por hablar en castellano en Barcelona.