El hermano de Sánchez se encuentra en boca de todos. David Sánchez, supuestamente, comunicó a responsables de la Diputación de Badajoz la "necesidad" de crear un nuevo puesto. Un puesto que fue finalmente ocupado por Luis Carrero, asesor de La Moncloa.
Así lo asegura Okdiario, que ha tenido acceso al auto de la juez encargada de investigar el caso, Beatriz Biedma. Luis Carrero ya ha sido tema de conversación anteriormente. Formaba parte del equipo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz y además era asesor en la Presidencia del Gobierno.
El asesor de David Sánchez y su llegada a Moncloa
Las explicaciones de Carrero
El pasado 25 de abril, en su declaración ante la jueza Beatriz Biedma supuestamente realizó unas afirmaciones bastante interesantes. Más concretamente, que ayudó al hermano del presidente como una manera de "desconectar" del entorno de La Moncloa.
Supuestamente, explicó su interés por trasladarse a la Diputación señalando que, tras "cuatro años en un trabajo muy estresante", buscaba "descansar y dejar de ir todas las semanas a Madrid".
El hermano de Sánchez es el protagonista del día
Otros cargos señalados
El músico y el exasesor se encuentran investigados por la magistrada. Sin embargo, no son los únicos. Más concretamente, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto a una decena de cargos del organismo.
La magistrada de Badajoz, Beatriz Biedma, emitió una resolución que convierte el caso que involucra a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También a varios funcionarios de la Diputación de Badajoz en un procedimiento abreviado. Según fuentes consultadas por El Confidencial, este paso formaliza el procesamiento de los acusados, acercándolos a un juicio.
La investigación señala a los implicados por presuntos delitos de prevaricación administrativa. También abuso de influencias en la creación y asignación indebida de un puesto público en la administración local, bajo control del PSOE. El proceso judicial continuará con las próximas etapas legales.
Respecto al delito de prevaricación, el Código Penal, contempla sanciones de inhabilitación de hasta 15 años para los funcionarios o autoridades que emitan resoluciones arbitrarias, plenamente conscientes de su carácter injusto. Esta figura delictiva penaliza el uso indebido del poder público mediante decisiones contrarias a derecho.
