En el Gobierno de Sánchez la polémica no descansa. Esta vez ha surgido porque el Ejecutivo ha dado un nuevo paso en su lucha por reformar el sistema judicial. En particular, en cómo se maneja la figura de la acusación popular en España.
Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el Gobierno está considerando limitar este instrumento legal. Argumenta que ciertas organizaciones, a las que califica como "ultraderechistas", estarían "pervirtiendo" el propósito original de esta herramienta.
La acusación popular ha sido fundamental en numerosos casos judiciales que rodean y salpican al Gobierno. Han permitido que entidades y ciudadanos no directamente afectados por un delito puedan personarse en procedimientos judiciales y contribuir a esclarecer los hechos.
Sin embargo, el ministro Bolaños ha señalado que el uso de esta figura ha sido distorsionado por grupos con intereses políticos específicos. Según el ministro, estas asociaciones buscan "perseguir a personas progresistas y a sus familias".
La revisión de la acusación popular cobra relevancia debido a su impacto en casos que han afectado al entorno del Gobierno y al propio PSOE. Entre estos destacan el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el caso David Sánchez, que afecta al hermano del presidente. Ambos han sido impulsados en gran parte gracias a la intervención de acusaciones populares.
