La nueva central que prepara Moncloa para controlar aún más a los medios críticos

Pedro Sánchez y su Ejecutivo sigue enfocado en censurar a los medios críticos como EDATV. Está buscando estrategias para garantizar el dominio sobre la publicidad institucional dirigida a los medios de comunicación, concentrando aún más los recursos en periódicos, emisoras y cadenas afines. Todo mientras reduce la asignación a los medios críticos.

Según ha confirmado THE OBJECTIVE, bajo el plan para la regeneración democrática, se está avanzando en la creación de una central de medios propia. Esta tendría como objetivo que dependa directamente de Moncloa, y que distribuiría esta inversión pública. Todo conforme a los parámetros establecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El mes pasado, el Gobierno comenzó a implementar las primeras medidas de su plan de regeneración, con un enfoque específico en los medios de comunicación. A principios de este mes, se aprobaron ayudas por un total de 125 millones de euros para impulsar la digitalización. 

De esa cifra, la mitad a periódicos impresos. Una semana después, se aprobó el anteproyecto de ley que exigirá a los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores que publiquen desmentidos. O bien, que presenten la versión de los afectados cuando consideren que las informaciones divulgadas no sean verídicas o sean erróneas.

Ahora, el Gobierno pone el foco en la publicidad institucional. En el plan de regeneración se contempla una reforma de la Ley de Publicidad Institucional con el fin de "introducir principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación". 

Así como "asegurar que los sistemas de medición de audiencia. Y las metodologías que se utilicen se ajusten a los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad".

El propósito final de Moncloa tiene dos facetas: la primera es ejercer un control más estricto sobre la publicidad de los ministerios y los organismos vinculados a la Administración central. La segunda consiste en establecer un marco legal que limite la distribución de estos recursos públicos por parte de las comunidades autónomas y los municipios. Especialmente aquellos que no están alineados con el PSOE.

El Ejecutivo sostiene que todos los medios críticos están financiados por la oposición. Tal es su convencimiento, que cree que limitando sus ingresos por anuncios institucionales podrá frenar sus informaciones adversas.

Por ello, también es clave contar con un control exhaustivo sobre su propia publicidad. Ya es conocido por todos que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la inversión en este rubro ha aumentado significativamente. Alcanzando un total de 400 millones de euros, distribuidos en 100 millones anuales durante los últimos tres años.

Esta cantidad se reparte en función de la audiencia, por lo que el Gobierno considera que podría llevar a cabo un reparto más alineado con sus intereses utilizando otros criterios.