El Supremo escoge a Marchena para decidir si investiga a Sánchez por malversación
Pedro Sánchez se enfrenta a una nueva denuncia. El presidente del Gobierno está nuevamente bajo la lupa de la justicia.
De hecho, es el Tribunal Supremo quien ha tomado cartas en el asunto. Ha nombrado a un ponente para decidir si se inicia un proceso contra Pedro Sánchez por malversación. La Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, AECC, denunció a Pedro Sánchez de utilizar recursos públicos.
Unos recursos que habría utilizado supuestamente en su demanda contra el juez Juan Carlos Peinado.
Según la AECC, Sánchez habría empleado, supuestamente, a la Abogacía del Estado en su enfrentamiento con el juez que investiga a Begoña Gómez. El ponente será Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, quien ha remitido el caso a la Fiscalía.
Lo ha hecho con el fin de que se pronuncie sobre la competencia y el contenido de la denuncia. Este es un procedimiento habitual y que el 97% de estos casos no son admitidos.
Sin embargo, la denuncia también salpica a Félix Bolaños. Pide que se investiguen las responsabilidades del ministro de Justicia, y de la abogada del Estado, Zaida Isabel Fernández Toro.
Todo ello por un presunto delito de prevaricación. La AECC presentó el 20 de mayo una denuncia contra Sánchez y su esposa. Acusándolos de delitos como tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento, entre otros.
La mencionada asociación amplió su denuncia el pasado 6 de agosto. Fue al considerar que el presidente del Gobierno había cometido un delito de malversación al usar recursos públicos para su querella por prevaricación contra Peinado. El Supremo da traslado a la Fiscalía para decidir si investiga los hechos y designa ponente a Marchena.
Se trata del presidente de la Sala, cargo que dejará en las próximas semanas. El magistrado se convirtió en mediático tras presidir el juicio encargado de juzgar a los líderes del procés.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ‘Plan de acción por la Democracia’. Este incluye 31 medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez planea implementar en los próximos tres años de legislatura.
Entre las medidas más destacadas se encuentran la creación de un registro de medios de comunicación. Tiene como fin identificar a sus propietarios y la publicidad que reciben. Así como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado y ofensas a los sentimientos religiosos.
En palabras del ministro Urtasun, ha señalado la voluntad del Gobierno para establecer los criterios para definir qué es un medio.
El objetivo, según el Gobierno de Pedro Sánchez, es mejorar y ampliar la calidad de la información gubernamental. Fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del “ecosistema informativo”.
Lo cierto es que según ha indicado el propio Urtasun, será el mismo Gobierno quien decida qué es un medio o no. Dirimirán entre "qué es un medio y qué es una plataforma para no informar".
