Un municipio declara persona non grata a Óscar Puente tras imponer una factura millonaria
El Ayuntamiento de El Espinar, en Segovia, debatirá este miércoles una propuesta que eleva la tensión con el Gobierno central.
porJuan Manuel Pulido
politica
El Ayuntamiento de El Espinar se rebela contra el ministro por exigir casi 600.000 euros por el arreglo de un socavón
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El Ayuntamiento de El Espinar, en Segovia, debatirá este miércoles una propuesta que eleva la tensión con el Gobierno central. El Pleno municipal estudiará declarar persona non grata al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
La iniciativa parte del Partido Popular, que gobierna el municipio con mayoría absoluta bajo la alcaldía de Javier Figueredo. Según fuentes municipales, la decisión responde a la reclamación económica del Ministerio por unas obras de emergencia.
El Ministerio de Transportes exige al Consistorio el pago de casi 600.000 euros por reparar un socavón. La actuación se ejecutó tras un hundimiento registrado el 20 de marzo en la carretera nacional N-VI.
El desperfecto se localizó en el punto kilométrico 62+100, dentro del núcleo urbano de San Rafael. Se trata de una vía de titularidad estatal, cuya conservación corresponde al Gobierno central.
Desde el Ayuntamiento consideran injustificable que se traslade al municipio el coste de una infraestructura estatal. A su juicio, la reclamación supone un abuso contra una administración local con recursos limitados.
Desde el Ayuntamiento consideran injustificable que se traslade al municipio el coste de una infraestructura estatal.
Responsabilidad estatal y deficiencias estructurales
El gobierno municipal sostiene que el hundimiento se produjo por deficiencias técnicas acumuladas durante años. En concreto, apuntan a una insuficiente capacidad hidráulica de la infraestructura.
Según las fuentes consultadas, estos problemas estructurales no pueden imputarse al Ayuntamiento. Insisten en que la competencia exclusiva corresponde al Ministerio de Transportes.
El Consistorio entiende que la obra fue necesaria por una falta de mantenimiento estatal prolongada. Por ello, rechaza asumir una factura que considera improcedente.
El importe reclamado asciende a 587.275,51 euros, una cifra que alarma al equipo de gobierno. Desde el Ayuntamiento advierten de un grave impacto presupuestario si se ejecuta el cobro.
El pago, aseguran, pondría en riesgo la prestación de servicios municipales esenciales. Entre ellos, citan mantenimiento urbano, ayudas sociales y atención a vecinos vulnerables.
El gobierno local considera que la exigencia económica demuestra una falta de sensibilidad hacia la realidad municipal. También advierten de un precedente peligroso para otros ayuntamientos.
Comparación con otras administraciones
El Partido Popular local recuerda lo ocurrido tras la dana que afectó al municipio en 2023. Entonces, la Junta de Castilla y León concedió una subvención directa de 350.000 euros.
Esa ayuda permitió acometer reparaciones urgentes sin comprometer las cuentas municipales. Desde el Consistorio destacan ese gesto como ejemplo de cooperación institucional.
Frente a ello, critican la actitud del Ministerio de Transportes, que califican de impositiva. A su juicio, el enfoque de Óscar Puente genera confrontación en lugar de colaboración.
Frente a ello, critican la actitud del Ministerio de Transportes, que califican de impositiva. A su juicio, el enfoque de Óscar Puente genera confrontación en lugar de colaboración.
Óscar Puente, señalado por su gestión
La figura del ministro se ha convertido en el centro del conflicto político. En El Espinar consideran que su actuación refleja una gestión alejada del municipalismo.
Además, la polémica llega en un momento de desgaste para Puente tras varias crisis en el ámbito ferroviario. Desde el gobierno local interpretan su exigencia como una muestra de insensibilidad política.
La declaración de persona non grata busca expresar el rechazo institucional a su forma de proceder. No obstante, insisten en que se trata de un gesto político, no personal.
El Pleno también votará exigir al Ministerio que archive cualquier reclamación económica contra el Ayuntamiento. Asimismo, se acordará trasladar el conflicto a otras instituciones.
El asunto será comunicado a los grupos del Congreso, el Senado y las Cortes de Castilla y León. El objetivo es recabar apoyos y visibilizar la situación.
Desde el gobierno municipal aseguran que no buscan enfrentamiento, sino justicia administrativa. Reclaman respeto a las competencias y una solución que no castigue a los vecinos.
El Espinar se prepara así para un Pleno decisivo que marcará su relación con el Ministerio. Un debate que deja a Óscar Puente seriamente cuestionado desde el ámbito local.
