Moncloa y Fiscalía destinan miles de euros a seguimiento de prensa en pleno debate por el gasto político
El contrato adjudicado fue impulsada por la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado
porJose Andres Jorge Barceló
politica
La licitación fue impulsada por la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado
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El Gobierno vuelve a estar en el centro de la polémica por el uso de fondos públicos tras conocerse la adjudicación de un contrato de servicios de clipping de prensa dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La licitación, resuelta el pasado 13 de mayo de 2026, fue impulsada por la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado y ha reabierto el debate sobre el gasto institucional en plena presión económica sobre familias y empresas.
Según la documentación oficial de la Plataforma de Contratación del Estado, el contrato fue adjudicado a la empresa Pandorabox Clipping SL por un importe de 7.920 euros, dentro de un procedimiento de contrato menor. El presupuesto base de licitación ascendía inicialmente a 9.000 euros sin impuestos.
Contrato de Moncloa y Fiscalía
El objeto del contrato se define como un “servicio de clipping de prensa”, es decir, un sistema de recopilación, seguimiento y análisis de noticias publicadas en medios de comunicación. Este tipo de herramientas permiten monitorizar informaciones relacionadas con instituciones públicas, cargos políticos o asuntos de interés gubernamental.
La adjudicación depende directamente de la Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado, integrada dentro del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Aunque este tipo de contratos son habituales en distintas administraciones, la publicación del expediente ha generado críticas por considerarse un gasto prescindible en un contexto marcado por la inflación, la presión fiscal y el aumento de la deuda pública.
La controversia no reside únicamente en la cuantía concreta del contrato, sino en la acumulación de gastos institucionales destinados a imagen, comunicación y seguimiento mediático. En los últimos meses, diferentes adjudicaciones vinculadas a asesoría de imagen, comunicación institucional y monitorización de medios han alimentado las críticas de la oposición y de sectores ciudadanos que consideran que el Ejecutivo prioriza el control del relato político frente a otras necesidades urgentes.
El contrato, identificado con el expediente CMF/2026/004, fue tramitado mediante procedimiento ordinario y contó únicamente con un licitador presentado. La ausencia de competencia en este tipo de adjudicaciones menores es otro de los aspectos que suelen generar debate sobre la transparencia y eficiencia del gasto público.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Desde el Ejecutivo defienden habitualmente que estos servicios son necesarios para el funcionamiento institucional y para conocer el impacto mediático de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, las críticas apuntan a que el uso continuado de dinero público para tareas relacionadas con comunicación y reputación política resulta difícil de justificar en un momento de elevada tensión económica para muchos ciudadanos.
Además, la adjudicación se produce en un contexto especialmente delicado para el Gobierno, marcado por diferentes polémicas políticas y judiciales que han colocado a Moncloa bajo una intensa presión mediática. Precisamente por ello, sectores críticos consideran que el seguimiento de prensa se ha convertido en una prioridad estratégica para el Ejecutivo y determinados organismos vinculados al Estado.
La publicación de este contrato también ha reactivado el debate sobre el uso de los contratos menores dentro de la Administración. Este mecanismo permite adjudicaciones rápidas y simplificadas para importes reducidos, aunque expertos en transparencia llevan años advirtiendo de la necesidad de reforzar el control y la supervisión de este tipo de procedimientos para evitar abusos o fragmentaciones del gasto.
