El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido endurecer al máximo su choque con una parte de la judicatura en pleno avance de las causas judiciales que afectan al entorno socialista. Según publica La Razón, Moncloa considera que cuestionar determinadas actuaciones judiciales no solo no tiene coste electoral, sino que puede reforzar su posición entre una parte de sus votantes. La estrategia pasa por presentar algunas investigaciones como una ofensiva política dirigida contra el Ejecutivo.
Fuentes gubernamentales citadas por el citado medio sostienen que en el entorno del presidente existe la convicción de que no son casuales las últimas imputaciones y decisiones judiciales que han afectado al PSOE. De hecho, el propio Sánchez trasladó recientemente a la dirección socialista la existencia de un supuesto "doble rasero" contra su partido, un mensaje que varios ministros han reproducido durante los últimos días.
La tesis de Moncloa se apoya en estudios demoscópicos que reflejan una percepción negativa de la independencia judicial entre una parte de la ciudadanía. El Ejecutivo considera que existe un terreno favorable para alimentar el relato de una actuación politizada de determinados jueces sin sufrir un desgaste significativo en las urnas.
El PSOE se atrinchera mientras crece el malestar en la Justicia
La ofensiva del Gobierno coincide con una nueva escalada de problemas judiciales para el entorno socialista. Desde Moncloa se insiste en que existe una actuación coordinada de sectores políticos, mediáticos y judiciales contra el Ejecutivo, una idea que se ha convertido en uno de los principales argumentos de defensa del sanchismo ante el avance de las investigaciones.
Sin embargo, este discurso no convence a todos dentro del PSOE. Dirigentes como Emiliano García-Page han salido públicamente en defensa de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, marcando distancias con la estrategia impulsada desde La Moncloa. Al mismo tiempo, asociaciones judiciales han expresado su preocupación por las continuas declaraciones de responsables políticos que ponen en duda la independencia de determinadas resoluciones.
Mientras los frentes judiciales continúan acumulándose, el Gobierno mantiene su ofensiva contra quienes considera responsables de una campaña de acoso político. Una estrategia que, lejos de rebajar la tensión institucional, amenaza con profundizar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en uno de los momentos más delicados de la legislatura.
