El Tribunal de Apelación de París ha dado luz verde a la entrega a España del exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, conocido como “Josu Ternera”, tras aceptar la euroorden emitida por la Audiencia Nacional en la que se le atribuye un papel de dirección dentro de la organización terrorista durante su etapa en la clandestinidad.
La decisión, adoptada este miércoles por la sala de instrucción, no implica su traslado inmediato a territorio español, ya que la ejecución de la entrega queda suspendida hasta que concluya un procedimiento judicial pendiente en Francia, cuyo fallo está previsto para el próximo 2 de julio.
El tribunal francés ha señalado que este aplazamiento se mantendrá hasta la resolución definitiva de esa causa, lo que podría influir también en el cumplimiento de cualquier eventual condena que se derive del proceso abierto en el país galo contra el exdirigente etarra.
En ese último juicio, la Fiscalía francesa ha solicitado una pena de cinco años de prisión, aunque sin cumplimiento efectivo salvo en caso de reincidencia, lo que mantiene la situación del acusado en un escenario judicial todavía abierto y sujeto a recursos posteriores.
La euroorden aceptada ahora fue emitida por la Audiencia Nacional el pasado mes de diciembre y se centra en su presunta participación en la estructura de mando de ETA desde su huida de España en 2002 hasta su detención en los Alpes franceses en 2019.
Según la resolución judicial, los hechos atribuidos podrían suponer en España penas de hasta 15 años de prisión, en función de la calificación definitiva que se determine en el procedimiento.
Urrutikoetxea permanece actualmente bajo control judicial en el País Vasco francés, mientras su defensa ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de recurrir la decisión ante instancias superiores en Francia.
Esta resolución se suma a decisiones anteriores en las que la justicia francesa ya había avalado su entrega a España por distintos procedimientos relacionados con su actividad dentro de ETA, aunque algunos de ellos siguen pendientes de ejecución definitiva.
Entre los casos abiertos figura también su presunta implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, donde murieron once personas, una causa que sigue pendiente de completar su proceso de extradición. La decisión del tribunal francés incluye además el rechazo de una petición presentada por otra parte vinculada al caso, que solicitaba ampliar la información enviada por la Audiencia Nacional sobre las garantías del proceso judicial en España.
