El Gobierno ha mostrado su malestar con la decisión del juez que ha denegado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acompañar a Pedro Sánchez a la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, mientras sí le autoriza a viajar a Londres para asistir a la graduación de una de sus hijas. Desde Moncloa califican la resolución de "incomprensible" y cuestionan el criterio empleado por el magistrado.
La autorización fue resuelta por el juez Antonio Viejo, sustituto de Juan Carlos Peinado durante sus vacaciones. Gómez había solicitado permiso para realizar ambos desplazamientos después de que el titular del Juzgado le retirara el pasaporte y le prohibiera abandonar España como medida cautelar mientras continúa el procedimiento judicial en el que está investigada.
El magistrado rechazó el viaje a Turquía al considerar que la invitación respondía únicamente a "razones de cortesía institucional" y que Begoña Gómez no tendría un papel activo en la cumbre. Además, argumentó que Turquía no forma parte de la Unión Europea y, por tanto, no está integrada en los mecanismos comunitarios de cooperación judicial.
La resolución desata la polémica política
En cambio, el juez sí autorizó el desplazamiento a Londres para acudir a un acto de carácter familiar. En el auto sostiene que el Reino Unido mantiene una estrecha cooperación judicial con España, incluso tras el Brexit, y que la naturaleza del viaje reduce el riesgo de incumplimiento de las medidas cautelares impuestas.
La resolución ha provocado un intenso debate político y también reacciones dentro del propio Gobierno. Uno de los más contundentes fue el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ironizó sobre la decisión judicial a través de la red social X. "¿Os imagináis? El Presidente y su mujer van a la cumbre de la OTAN. Allí ella decide que se va a fugar de la justicia y no regresa de Turquía, regresando él solo y siguiendo como si tal cosa su labor presidencial en España. ¿Muy loco, no? Pues esa es la tesis que acoge el auto", escribió.
La defensa de Begoña Gómez había solicitado autorización para ambos desplazamientos al considerar que ninguno comprometía el desarrollo del procedimiento judicial. Sin embargo, la resolución establece un tratamiento distinto para cada viaje, una diferencia de criterio que Moncloa considera difícil de justificar y que ha abierto un nuevo frente entre el Ejecutivo y la Justicia.
