La decisión no implica una nueva partida, según Moncloa, sino una modificación presupuestaria ajustada al crédito del año prorrogado
Moncloa aprobará el martes una transferencia de 2.084 millones al Ministerio de Defensa pese a no tener nuevos presupuestos vigentes.
La decisión no implica una nueva partida, según Moncloa, sino una modificación presupuestaria ajustada al crédito del año prorrogado.
El Gobierno argumenta que la medida es habitual y responde a necesidades operativas del Ministerio de Defensa en 2024. El pasado marzo ya se transfirieron 344 millones adicionales por necesidades de funcionamiento urgente, según Hacienda.
Desde el Ejecutivo insisten en que no está vinculada con el objetivo del 2% del PIB en gasto militar exigido por la OTAN. Sin embargo, esta transferencia llega en pleno debate europeo sobre el aumento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó la decisión durante un acto en Sevilla. Montero explicó que la transferencia forma parte de una serie de ajustes previstos por la prórroga presupuestaria de 2023.
También afirmó que este tipo de modificaciones ya se realizaron en ejercicios anteriores sin mayor polémica. Montero defendió que el concepto de defensa actual incluye tecnología híbrida y ciberseguridad para proteger a Europa.
El contexto internacional ha presionado a los miembros de la OTAN para elevar sus presupuestos defensivos. El senador estadounidense Marco Rubio ha pedido que el gasto militar suba hasta el 5% del PIB en los países aliados.
Pedro Sánchez mantiene que España alcanzará el 2% del PIB antes de 2029, pero sin concretar la hoja de ruta. Aún no se ha hecho público el porcentaje real de gasto militar de España en 2023 con criterios de la OTAN.
Este será un eje central de la cumbre de la Alianza Atlántica prevista en junio en La Haya, Países Bajos. Allí Sánchez se verá por primera vez con Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca en este nuevo mandato.
La partida aprobada el martes reforzará Defensa mientras crecen las críticas por falta de inversión en servicios públicos. Mientras el Gobierno defiende el gasto, sindicatos y asociaciones civiles exigen priorizar sanidad, educación y pensiones.
La oposición, por su parte, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de gobernar sin control ni transparencia presupuestaria.
