El misterioso correo que destapó un pago millonario días antes de la caída de Ábalos

El 8 de julio de 2021 se registró un intercambio de correos electrónicos entre el presidente del grupo constructor Torrescamara, Juan Francisco Cámara, y Koldo García Izaguirre, asesor del ministro. Tan solo dos días antes de que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, fuera cesado de su cargo,

En uno de esos correos, Cámara envió un documento titulado "acuerdo.doc", acompañado de un mensaje informal: "¡Ahí vaaaaa!". Este archivo hacía referencia a un "acuerdo de liquidación del subcontrato de construcción de los Talleres de Medina". Empresa parte del ambicioso proyecto del AVE a La Meca.

La empresa valenciana Torrescamara, liderada por Juan Francisco Cámara, junto con la constructora Rover Alcisa y la empresa saudí Turki, formaban el consorcio adjudicatario del proyecto en 2015, denominado Atco-Cart.

Sin embargo, en 2019, Renfe decidió rescindir el contrato de construcción del principal taller ferroviario en Arabia Saudí, debido a incumplimientos, retrasos y sobrecostes significativos. El coste inicial, fijado en 40 millones de euros, se disparó y el plazo de finalización del proyecto, no se cumplió.

Tras la cancelación del contrato, Renfe reclamó 13 millones de euros por el incumplimiento, mientras que Torrescamara y Rover Alcisa solicitaron un arbitraje y seis millones de euros en compensación. A pesar de la controversia, ni Renfe ni el gobierno hicieron comentarios públicos al respecto desde el final de 2019.

9 millones para empresas valencianas

El archivo titulado "acuerdo de liquidación" describe las cantidades adeudadas por Renfe desde 2018, cuando surgió el conflicto entre el operador ferroviario y el consorcio. En concreto, la suma no abonada por Renfe ascendía a 26.536.451,70 SAR, equivalentes a unos nueve millones de euros.

El acuerdo implicaba que las empresas adjudicatarias asumieran ciertos costes relacionados con trabajos duplicados y reparaciones. Mientras que Renfe se comprometía a no reclamar algunos de los gastos adicionales.

Esta disposición resulta sorprendente, dado que, en 2019, Renfe había alegado incumplimientos contractuales y había exigido compensaciones significativas a las constructoras. No obstante, el nuevo acuerdo parecía ser más favorable para las empresas implicadas que para el propio operador ferroviario.

Una parte destacada del documento es la mención de las cantidades supuestamente adeudadas. Entre los que se encuentran conceptos como el importe de la obra certificada, pero no pagada. Aunque Renfe justificó el acuerdo señalando que existían duplicidades en las partidas presupuestarias, la diferencia entre las cifras reflejadas y la cantidad reclamada inicialmente por Renfe en 2019 es notable.

La UCO investiga posibles comisiones

El contexto de este acuerdo se enmarca en un escenario más amplio. Desde hace meses, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha estado investigando presuntos casos de corrupción vinculados a la gestión de Ábalos.

Uno de los focos de la investigación es el posible pago de comisiones ilegales. Además, la revisión de correos electrónicos y otros documentos ha revelado comunicaciones entre Koldo García y dos constructoras valencianas, entre ellas Torrescamara.

El primer correo de Juan Francisco Cámara a Koldo García se remonta a noviembre de 2018. En dicho correo solicitaba una reunión con la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, en relación con el corredor cántabro-mediterráneo. Sin embargo, el tono del segundo correo enviado en 2021 muestra un nivel de familiaridad mucho mayor, lo que ha despertado sospechas.

El documento filtrado, que revela un pago de nueve millones de euros a las empresas valencianas, contrasta con los 13 millones que Renfe reclamaba en 2019 por incumplimientos del contrato.

Este nuevo acuerdo, alcanzado supuestamente con la mediación de Koldo García, resulta llamativo por la cantidad involucrada. Además, por el hecho de que Renfe había rechazado anteriormente algunas de las reclamaciones ahora incluidas en el pacto. Además, la UCO sigue investigando posibles irregularidades y la implicación de altos cargos en estos acuerdos.

La evolución del tono en los correos electrónicos de Cámara, de formal a cercano, también ha suscitado interés. Existen sospechas sobre una posible influencia de ciertos actores dentro del ministerio y el manejo de contratos públicos bajo la administración de Ábalos.