Todo, mientras el PSOE ha tenido que gestionar en los últimos días diversas denuncias por acoso sexual
El Ministerio de Igualdad ha destinado más de un millón de euros de dinero público a una campaña institucional. Contra el consumo de pornografía, una iniciativa que ha generado una intensa polémica política y social. Bajo el lema “Porno, por no hablar”, la campaña fue presentada como un programa de educación afectivo-sexual libre de violencias y estereotipos.
Aunque su elevado coste y el contexto interno del partido que sustenta al Gobierno han reavivado las críticas.
Según los datos oficiales, la inversión total en la campaña ascendió a 1.003.100,08 euros con IVA. Una cifra que incluye tanto la producción creativa como la difusión en medios de comunicación.
Solo el acto de presentación, celebrado el 20 de octubre de 2025, tuvo un coste de 332,70 euros. Cifra correspondiente a servicios audiovisuales contratados a la empresa Agora News, sin gastos añadidos de impresión, escenario o catering.
El grueso del presupuesto se destinó a la inversión publicitaria, que alcanzó los 1.002.767,38 euros con IVA. De esa cantidad, 255.767,38 euros se emplearon en piezas creativas. Desarrolladas en el marco del contrato con Ogilvy & Mather.
Mientras, 747.000 euros se utilizaron para la compra de espacios publicitarios en medios, a través de un acuerdo marco de difusión institucional.
La producción del spot principal y de los contenidos digitales fue también responsabilidad de Ogilvy & Mather. El desglose incluye 90.000 euros sin IVA para el anuncio central, 950 euros para la música, 63.000 euros para siete vídeos para redes sociales. Y hay que sumar 31.500 euros para siete piezas animadas, lo que suma 185.450 euros sin IVA, equivalentes a 224.394,50 euros con IVA.
Esta fuerte inversión ha sido cuestionada por distintos sectores. Consideran contradictorio que el Gobierno impulse una costosa campaña contra la violencia y los estereotipos sexuales.
Todo, mientras el PSOE ha tenido que gestionar en los últimos días diversas informaciones sobre denuncias y acusaciones. Todos de presunto acoso sexual que han afectado a miembros de su entorno político. Se trata de casos que han sido objeto de cobertura mediática y que, en algunos supuestos, siguen pendientes de aclaración judicial o política.
Para los críticos, esta circunstancia debilita el mensaje institucional y alimenta la percepción de doble rasero en la política de igualdad del Ejecutivo. Desde esta óptica, se reprocha que se prioricen campañas millonarias de concienciación mientras no se refuerzan suficientemente los mecanismos internos de prevención, control y transparencia dentro de los propios partidos.
El Ministerio de Igualdad defiende la campaña como una inversión necesaria para combatir la normalización de la violencia sexual en el consumo audiovisual.
Sin embargo, el debate sobre el uso de fondos públicos, la coherencia política y la credibilidad institucional vuelve a situarse en el foco.
