Casi medio año después de la devastadora DANA que sacudió la provincia de Valencia y dejó un trágico balance de 228 fallecidos, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, se verá por fin obligado a ofrecer explicaciones. Lo hará por mandato judicial y no por iniciativa propia, tras meses evitando comparecencias públicas y rehuyendo comisiones de investigación solicitadas incluso por el Ayuntamiento de València.
La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido citarle como testigo, rechazando la petición de que declarara como imputado, formulada por la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. En su auto, la jueza descarta indicios de delito atribuibles a Polo, aunque sí considera clave su testimonio para esclarecer lo ocurrido el 29 de octubre de 2024.
Durante la instrucción, la magistrada ha dejado clara su tesis: la Generalitat Valenciana tenía la responsabilidad operativa sobre la emergencia. Para sustentarlo, cita un mensaje enviado por Argüeso a las 14:44 horas de ese día, en el que advertía que “los barrancos están a punto de colapsar”, un mensaje que, a su juicio, demuestra conocimiento del riesgo inminente.
