Durante su declaración, Gallardo ha defendido la gestión administrativa del procedimiento y ha acusado a la Unidad Central Operativa de mezclar conceptos
Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha declarado este jueves en el juicio en el que se analiza la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La comparecencia se ha producido tras la breve declaración del propio David Sánchez, que ha respondido a las preguntas de su abogado durante unos minutos antes de abandonar la sala judicial. Gallardo ha explicado ante el tribunal que, cuando tuvo conocimiento de que uno de los aspirantes era el hermano del entonces secretario general del PSOE, trasladó que debía elegirse al mejor candidato.
El exdirigente socialista ha señalado que fue informado por miembros de su equipo de Presidencia, una vez cerrado el proceso de selección, de que entre los aspirantes figuraba David Sánchez. En ese contexto, ha asegurado que su respuesta fue que el puesto debía adjudicarse al candidato más preparado, sin atender a otras consideraciones personales o familiares.
Durante su declaración, Gallardo ha defendido la gestión administrativa del procedimiento y ha acusado a la Unidad Central Operativa de mezclar conceptos en sus conclusiones sobre el caso. Ha afirmado que existe un desconocimiento del funcionamiento interno de la administración pública y ha explicado los tiempos de ejecución presupuestaria en la institución provincial. Según ha indicado, los plazos no pueden interpretarse de forma lineal, ya que los procedimientos administrativos requieren fases previas que condicionan la ejecución de las plazas públicas.
El exresponsable de la Diputación también ha sostenido que asume la responsabilidad política de las decisiones adoptadas durante su mandato en relación con la creación del puesto investigado.
En ese momento, el juez le ha pedido que reserve ese tipo de manifestaciones para el turno de última palabra, recordándole el orden del procedimiento judicial.
Gallardo ha defendido que la plaza no se diseñó para una persona concreta, sino para cubrir una necesidad administrativa dentro del área de Cultura de la institución. Ha insistido en que la decisión respondía a criterios organizativos y no a la identificación previa de un candidato específico. En otro punto de su declaración, ha criticado las conclusiones de la UCO y ha llegado a comparar sus informes con una narración ficticia, en referencia a la complejidad de los relatos expuestos.
También ha explicado que era habitual la revisión de necesidades de personal en los distintos departamentos durante la fase presupuestaria.
En ese sentido, ha señalado que las áreas trasladaban solicitudes de refuerzo y que la dirección política evaluaba la disponibilidad de recursos en cada momento. Respecto a las comunicaciones internas, Gallardo ha defendido que el proceso de creación de la plaza siguió los cauces habituales establecidos en la administración. Ha afirmado además que en aquel momento no era consciente de que el presidente del Gobierno tuviera hermanos implicados en procesos de selección de personal.
La sesión ha continuado con el análisis de las distintas pruebas documentales incorporadas al procedimiento, en un juicio que sigue avanzando en la Audiencia de Badajoz.
