
Mazón critica a Morant por callar al afirmar el Gobierno que el valenciano es catalán
José Antonio Rovira, conseller de Educación, lamentó el papel pasivo de Morant
La polémica sobre la consideración del valenciano como una «modalidad lingüística» del catalán, según la reciente respuesta del Ministerio de Cultura, sigue generando reacciones. Esta vez, el foco no está en Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, sino en la Generalitat Valenciana, que ya se pronunció este miércoles rechazando de manera contundente la postura del ministerio.
José Antonio Rovira, conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, ha sido quien ha expresado la posición del Consell presidido por Carlos Mazón. Rovira lamentó el papel pasivo de Morant, recordando que en su momento ella había defendido la denominación «catalán/valenciano».
Según denunció, «el Ministerio de Cultura considera al valenciano como una simple variante del catalán, implicando que al referirse al catalán, el valenciano ya estaría comprendido». Lo que resulta más llamativo, agregó, es que la ministra Diana Morant, en lugar de asistir el martes al Consejo de Ministros para aclarar esta confusión directamente al ministerio, optó por regresar aquí para animar a sus seguidores. La crítica se dirige también a la candidata de Sánchez a la Generalitat, que dejó Madrid y el Debate de Política General para centrarse en una estrategia mediática de confrontación con Mazón.
Rovira ha criticado también que la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) permanezca en silencio, pese a que su propia ley, en el artículo 7, le encomienda defender la denominación del valenciano. Esta falta de pronunciamiento, unida al anuncio del presidente Carlos Mazón de cambiar el nombre de la institución a Academia de la Lengua Valenciana, resulta especialmente llamativa frente a la postura del Ministerio de Cultura, que considera al valenciano como una variante del catalán.
«Es sorprendente que la AVL no haya hecho ninguna declaración al respecto», subrayó Rovira, señalando la contradicción entre la obligación legal de la institución y su inacción ante la polémica.
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