Marlaska pone la lupa sobre las víctimas de ETA y endurece el control

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una nueva orden que establece mayores controles y exigencias para las asociaciones de víctimas del terrorismo, concretamente las de ETA.

Esta medida introduce un refuerzo en la fiscalización de las ayudas públicas que estas entidades reciben, cuyo importe anual ronda el millón de euros.

El objetivo declarado por el Ejecutivo es garantizar el buen uso de los fondos públicos. Pero la medida ya ha generado inquietud entre algunas asociaciones que ven en este cambio un trato desigual frente a otros colectivos.

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo asumirá un papel más activo en el seguimiento del destino de las subvenciones.

Entre las nuevas funciones asignadas al organismo destaca la obligación de “comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas”.

Para ello,  Interior contempla una batería de actuaciones. Por un lado, la revisión exhaustiva de memorias justificativas y facturas. Más adelante serían visitas físicas a las sedes de las asociaciones y la asistencia a los actos organizados con fondos públicos.

También se exigirá la entrega de materiales gráficos o documentales que acrediten la correcta ejecución de cada iniciativa.

Fotografías, programas, soportes digitales o cualquier documento que certifique la actividad serán necesarios para pasar los nuevos filtros.

Estas medidas suponen un cambio significativo respecto al sistema anterior, que era menos intervencionista y más flexible.

Memorias detalladas y facturas digitalizadas

La nueva normativa endurece las condiciones administrativas que deben cumplir las asociaciones de víctimas para acceder a los fondos.

A partir de ahora, deberán presentar una memoria final “explícita y clara”, en la que se explique el desarrollo completo del proyecto subvencionado. Deberán incluir las posibles modificaciones respecto a la solicitud original.

Además, se establece que toda justificación económica debe incluir una relación completa de los gastos, con indicación del tipo, el importe y el porcentaje imputado a la subvención.

Las facturas deberán entregarse en formato digital y estar correctamente asociadas a cada programa subvencionado.

El grado de detalle exigido es mayor al requerido anteriormente y obligará a muchas entidades a reforzar su estructura administrativa.

Un millón para las víctimas, 32 para los sindicatos

El departamento de Marlaska defiende que estas medidas están “alineadas con los objetivos de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo”.

Según el Ministerio, se busca garantizar el reconocimiento social y mejorar los procedimientos de apoyo y asistencia a las víctimas de atentados terroristas. Sin embargo, el contraste con otras partidas presupuestarias ha llamado la atención.

Mientras que las asociaciones de víctimas del terrorismo reciben en total alrededor de un millón de euros al año, los sindicatos recibirán 32 millones.

Esta diferencia ha sido criticada desde algunas plataformas cívicas, que consideran que el Gobierno impone mayores exigencias a quienes han sufrido la violencia terrorista.

El incremento del control se percibe no solo como una medida técnica, sino también como un cambio en el trato institucional hacia las víctimas.

El endurecimiento del control económico llega, además, en un momento de especial sensibilidad política. Un momento en el que el papel de las víctimas de ETA sigue siendo objeto de debate público y tensión institucional.

La nueva orden de Interior no solo marca un cambio administrativo, sino que abre un nuevo capítulo en la relación del Estado con quienes han sufrido directamente la violencia terrorista.