Una pequeña marca grabada en doce joyas puede convertirse en una prueba determinante para José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigar el origen de las piezas intervenidas al expresidente socialista, valoradas en más de un millón de euros.
El informe pericial de la joyería Yanes ha identificado un mismo punzón en doce piezas: una letra T acompañada de la inscripción 18K. Los especialistas consideran que podría permitir localizar al fabricante y apuntan a un posible origen asiático, aunque todavía no existe una conclusión definitiva.
Imagen del grabado en las joyas de Zapatero
El hallazgo amenaza con complicar la explicación de Zapatero, que sostiene que las joyas fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en junio de 2007.
Las normas aprobadas por Zapatero que ahora examina la Fiscalía
Sin embargo, el principal problema judicial del expresidente podría estar en una normativa que su propio Gobierno aprobó en febrero de 2005.
El Código de Buen Gobierno establecía que los regalos institucionales de especial relevancia debían incorporarse al patrimonio público.
La Fiscalía Anticorrupción considera que las joyas, por su elevado valor, debieron entregarse al Estado. Una circunstancia especialmente significativa porque Zapatero sí incorporó al patrimonio público otros obsequios recibidos del mismo monarca saudí, entre ellos un reloj decorado con esmeraldas.
Las joyas, en cambio, no aparecen en aquella relación.
Anticorrupción sitúa la posible malversación en 2012, cuando el expresidente formalizó la entrega de regalos institucionales tras abandonar La Moncloa.
Mientras tanto, Calama ha rechazado solicitar a Arabia Saudí la confirmación del supuesto regalo ante la falta de elementos objetivos que respalden esa diligencia.
El magistrado todavía debe decidir si amplía la investigación por malversación, un delito cuya modalidad agravada podría conllevar penas de hasta ocho años de prisión. La responsabilidad penal del expresidente no está acreditada.
