La Comunidad de Madrid ha decidido subir el tono frente a la política migratoria del Gobierno y marcar perfil propio en un asunto que lleva meses generando tensión. Desde el Ejecutivo regional sostienen que el sistema de protección de menores funciona, pero que no está diseñado para asumir una llegada masiva como la que se está produciendo.
El choque no es menor. Madrid considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado el problema a las comunidades sin una planificación clara y sin aportar los recursos necesarios. Una situación que, según denuncian, está poniendo al límite un sistema pensado para casos puntuales, no para una presión continuada.
En este contexto, el Gobierno autonómico ha tenido que reforzar su red con medios propios para garantizar la atención a los menores que ya están dentro del sistema, al tiempo que critica la falta de coordinación con el Ejecutivo central.
Medidas propias para frenar la presión sobre el sistema
Ante esta situación, Madrid ha optado por tomar la iniciativa y aplicar medidas concretas. Una de las principales líneas ha sido exigir más información y financiación al Gobierno, algo que, según denuncian, no ha llegado con la rapidez necesaria.
También se ha puesto el foco en puntos clave como el aeropuerto de Barajas, donde se han detectado situaciones irregulares relacionadas con la entrada de menores. La presión ejercida desde la Comunidad ha llevado a reforzar algunos controles para evitar fraudes en los accesos.
