Begoña Gómez se encuentra en el centro de una controversia relacionada con el desarrollo de un software. Que según estaba destinado a ayudar a las empresas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, Gómez le exigía a los que estaban colaborando con ella el cumplimiento de dichos objetivos.
Esta situación ha llevado a Gómez a ser imputada por presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, en un caso que está siendo investigado por el juez Juan Carlos Peinado.
La polémica comenzó con la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. De la que Gómez fue nombrada directora.
En su plan inicial, Gómez incluyó el desarrollo de una plataforma digital para que las empresas pudieran medir su cumplimiento de los ODS. Para llevar a cabo esta tarea, logró que varias empresas de renombre, como Indra, Telefónica y Google, colaboraran sin coste alguno. Lo que se tradujo en una inversión que superaba los 150.000 euros.
Objetivos del Software
El objetivo principal de la plataforma era permitir que las empresas midieran su impacto social y su cumplimiento de los ODS, facilitando así su acceso a contratos públicos. Gómez argumentó que la herramienta ayudaría a las pequeñas y medianas empresas a gestionar sus proyectos y atraer financiamiento.
Sin embargo, con el tiempo, las empresas colaboradoras comenzaron a retirarse del proyecto. Según informes, esto se debió a la falta de retorno de inversión y a preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en el Gobierno, que estaba considerando aumentar su participación en Indra.
Para culminar el desarrollo del software, Gómez recurrió a la financiación de la Universidad Complutense, impulsando varios contratos. Uno de los cuales fue adjudicado a Deloitte por 60.500 euros. Este contrato se suma a la cantidad previamente invertida por las empresas colaboradoras, elevando el coste total del proyecto a más de 210.000 euros.
