Los objetivos que exigía Begoña Gómez para colaborar en el diseño de su software
El objetivo principal de la plataforma era permitir que las empresas cumplieran con la Agenda 2030
Begoña Gómez se encuentra en el centro de una controversia relacionada con el desarrollo de un software. Que según estaba destinado a ayudar a las empresas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, Gómez le exigía a los que estaban colaborando con ella el cumplimiento de dichos objetivos.
Esta situación ha llevado a Gómez a ser imputada por presuntos delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, en un caso que está siendo investigado por el juez Juan Carlos Peinado.
La polémica comenzó con la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. De la que Gómez fue nombrada directora.
En su plan inicial, Gómez incluyó el desarrollo de una plataforma digital para que las empresas pudieran medir su cumplimiento de los ODS. Para llevar a cabo esta tarea, logró que varias empresas de renombre, como Indra, Telefónica y Google, colaboraran sin coste alguno. Lo que se tradujo en una inversión que superaba los 150.000 euros.
Objetivos del Software
El objetivo principal de la plataforma era permitir que las empresas midieran su impacto social y su cumplimiento de los ODS, facilitando así su acceso a contratos públicos. Gómez argumentó que la herramienta ayudaría a las pequeñas y medianas empresas a gestionar sus proyectos y atraer financiamiento.
Sin embargo, con el tiempo, las empresas colaboradoras comenzaron a retirarse del proyecto. Según informes, esto se debió a la falta de retorno de inversión y a preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en el Gobierno, que estaba considerando aumentar su participación en Indra.
Para culminar el desarrollo del software, Gómez recurrió a la financiación de la Universidad Complutense, impulsando varios contratos. Uno de los cuales fue adjudicado a Deloitte por 60.500 euros. Este contrato se suma a la cantidad previamente invertida por las empresas colaboradoras, elevando el coste total del proyecto a más de 210.000 euros.
Implicaciones Legales
Gómez ha enfrentado múltiples imputaciones, incluyendo apropiación indebida por supuestamente haber utilizado el software, que estaba destinado a su cátedra, en su propio beneficio.
Según la denuncia de Hazte Oír, ella habría explotado el software a través de una empresa privada creada recientemente. La situación se complica aún más, ya que la web que albergaba la plataforma fue eliminada en medio de la investigación. Lo que ha llevado a muchas preguntas sobre la transparencia y el uso de fondos públicos.
A pesar de que Gómez ha defendido su posición, al señalar que no firmó los convenios con las empresas, el juez Peinado ha decidido continuar con la investigación. Así que la citó para declarar el próximo 18 de noviembre.
Durante sus dos comparecencias anteriores, Gómez optó por no declarar, lo que ha suscitado más especulaciones sobre su implicación en el caso.
Este caso ha captado la atención de los medios y del público en general. No solo por las implicaciones legales de la esposa del presidente, sino también por las ramificaciones que puede tener para el Gobierno de Sánchez.
La posibilidad de un conflicto de interés y el uso de recursos públicos para beneficio personal han llevado a un escrutinio más intenso de las acciones de los altos funcionarios.
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