El exministro socialista en la diana del magistrado Leopoldo Puente
Registro en la vivienda de Ábalos por movimientos sospechosos de cajas: posible procesamiento en el horizonte.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este martes la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, por orden del Tribunal Supremo. La operación, que duró más de seis horas, responde a una investigación secreta sobre el patrimonio del político socialista.
Según fuentes cercanas al caso, el movimiento de cajas en el domicilio de Ábalos pudo haber alertado a las autoridades, desencadenando el registro en busca de pruebas sobre posibles irregularidades financieras.
La UCO, especializada en delitos económicos, actuó con autorización judicial para inspeccionar documentos, dispositivos electrónicos y otros materiales en la vivienda. Este registro se enmarca en una pieza secreta del Tribunal Supremo que indaga en el origen y la gestión del patrimonio del exministro. Las sospechas apuntan a posibles actividades de enriquecimiento ilícito o irregularidades en la declaración de bienes, lo que podría derivar en un procesamiento formal si se hallan pruebas concluyentes.
Ábalos, quien fue ministro entre 2018 y 2021, ha presentado un informe de 39 páginas para defenderse. En este documento, el político socialista asegura que las acusaciones de la UCO carecen de fundamento y que no se ha contrastado adecuadamente la información sobre su patrimonio.
Sin embargo, el prolongado registro sugiere que los investigadores buscan pruebas sólidas que puedan sustentar un posible procesamiento. Según Vozpópuli, de encontrarse indicios suficientes, Ábalos podría enfrentar cargos relacionados con delitos económicos, como blanqueo de capitales o enriquecimiento ilícito, aunque aún no se han especificado las imputaciones concretas.
El operativo ha generado un gran revuelo mediático. Decenas de periodistas se congregaron frente a la vivienda durante el registro, mientras en redes sociales se multiplicaban los comentarios sobre el caso. La operación reaviva el debate sobre la transparencia de los cargos públicos y la lucha contra la corrupción en España.
La investigación, aún bajo secreto de sumario, podría arrojar nuevas revelaciones en las próximas semanas, especialmente si los materiales incautados confirman las sospechas de la UCO.
Por ahora, Ábalos mantiene su postura de inocencia, mientras el Tribunal Supremo y la Guardia Civil avanzan en un caso que podría tener serias implicaciones legales y políticas.
