Los magistrados recusados por el fiscal general han hecho saber de que se les está intentando inhabilitar
Los magistrados del Tribunal Supremo recusados por el fiscal general del Estado han decidido no retirarse del caso que examina su posible cese. Los jueces han tomado la decisión esperada, rechazando conjuntamente la solicitud de Álvaro García Ortiz, argumentando que no tiene fundamento y que es "claramente extemporánea".
Esta es la contestación a la petición de García Ortiz, quien busca que estos cuatro integrantes de la Sala Tercera del Tribunal Supremo den un paso al lado.
Los magistrados advierten que haberse pronunciado sobre la ilegalidad del nombramiento de Dolores Delgado no les inhabilita para resolver este recurso. Al contrario, consideran que no tiene relación alguna y no deben apartarse. Esto es debido a que no han tomado ninguna decisión previa relacionada con el fiscal general del Estado.
Recordemos que se exigió el cese del fiscal general del Estado debido al "incumplimiento de sus funciones". Esta demanda surgió como resultado de una moción aprobada por la mayoría de la Cámara Alta, con el respaldo de los partidos PP y Vox.
La votación reflejó una clara división de opiniones. Contó con 144 votos a favor de la reprobación del fiscal, 97 en contra y 19 abstenciones de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Este último incluyendo a ERC, Junts, PNV y Bildu.
Aseguran que "es absolutamente atípico que, so pretexto del control de la legalidad de ese Real Decreto 1182/2023, se quiera revisar una sentencia firme sobre una cuestión distinta y cuya nulidad pudo haber reclamado el recusante de entender que afectaba a sus derechos".
"Ahora bien, convertir la apreciación de los hechos y los criterios aplicados para resolver un proceso anterior en una causa de recusación en otro posterior diferente desvirtúa el mecanismo con el que el legislador quiere asegurar la imparcialidad del juzgador", concluyen.
El documento está firmado por los magistrados Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero. Se refiere al artículo de la Constitución que establece que los tribunales supervisan la potestad reglamentaria y la legalidad de las acciones administrativas. Además, garantiza que estas se ajusten a los fines que las justifican.
El fiscal general recusó a los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, alegando que no eran imparciales para resolver el recurso sobre su cese. La razón es que estos magistrados fueron los mismos que resolvieron los recursos contra los dos nombramientos de Dolores Delgado propuestos por el fiscal general.
Los magistrados no solo anularon las dos designaciones realizadas por García Ortiz. En la primera de ellas lo criticaron por actuar con desviación de poder. Esto lo hizo al ascender a su antigua jefa a la máxima categoría de la carrera fiscal.
La Asociación de Fiscales Independientes (APIF) ha presentado ante esta Sala de lo Contencioso una solicitud. La finalidad es para anular la reelección del sucesor de Dolores Delgado. Argumentan su "alineación gubernamental" y señalando una serie de "reiterados errores legales" en su desempeño como máximo representante del Ministerio Fiscal.
En su petición, han hecho referencia a una "falta de idoneidad" que habría sido evidenciada por una serie de "equivocaciones y omisiones graves". Destacan la "condena" en el Tribunal Supremo relacionada con el nombramiento de su predecesora.
Después de esto, el fiscal general compareció en las diligencias con un abogado y un procurador. Solicita ser informado sobre los magistrados que iban a decidir sobre su recurso, según confirmaron fuentes a Vozpópuli.
